La Fiscalía General del Estado (FGE) ha dictado un decreto en el que recomienda a los representantes del Ministerio Público en toda España «adoptar medidas de puesta en marcha de teletrabajo, de acuerdo en con las recomendaciones sanitarias vigentes, de modo que se evite la concurrencia diaria de la totalidad de la plantilla en los diversos centros de trabajo con la finalidad de preservar la salud de sus componentes».
Los fiscales jefes y las Fiscalías Superiores deberán «adoptar todas las medidas de forma coordinada con el Ministerio de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia y las comunidades autónomas afectadas» para garantizar la «presencia efectiva del Ministerio Fiscal en la prestación del servicio de guardia, así como la asistencia a las vistas, comparecencias y juicios señalados». Aunque también se recomienda «evitar los desplazamientos, potenciando el uso de medios telemáticos como las videoconferencias».
Medidas
La Fiscalía General del Estado también ha decidido suspender temporalmente las visitas a residencias de mayores, personas con discapacidad, centros penitenciarios o de internamiento, a menos que resulte «imprescindible».
Las medidas y recomendaciones de la Fiscalía también son «de aplicación al funcionariado de la Administración de Justicia que presta sus servicios en las Fiscalías en coordinación con la Administración competente», según el decreto suscrito por la recién nombrada Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
Unas medidas que la Conselleria de Sanidad considera «desproporcionadas e inadecuadas» para la Comunitat Valenciana, según un informe de este departamento al que ha tenido acceso Levante-EMV. «En modo alguno, atendiendo al hecho (siempre provisional y susceptible de cualquier evolución) de que la Comunitat Valenciana no está considerada como zona de alta de transmisión, se consideran las medidas adoptadas a través del Decreto de la Fiscalía General del Estado, aunque sean como recomendaciones, totalmente desproporcionadas e inadecuadas», asegura la Conselleria de Sanidad en un informe en respuesta a la FGE.
Por ello, el departamento que dirige Ana Barceló señala que «en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la situación sanitaria en relación con la enfermedad del COVID-19 no parece que exija, en estos momentos, la aplicación de las medidas que se prevén en dicho Decreto. Solo en el caso de que la situación lo aconseje, procedería que la autoridad sanitaria de la Comunitat Valenciana, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y, en su caso, con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, estableciese medidas de mayor calado o alcance».
El subsecretario de la Conselleria de Sanidad que suscribe el escrito señala, por último, que el departamento se ve «en la necesidad de reiterar la conveniencia de poner atención en relación a cualquier decisión derivada de cualquier ámbito de la situación actual, la cual le será debidamente comunicada, siempre atendiendo las indicaciones de las autoridades competentes en materia sanitaria, es decir, Ministerio de Sanidad y Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, únicas fuentes oficiales de información».
Y reclama «la necesidad de colaboración con todos los agentes implicados para hacer cumplir las recomendaciones para la prevención de la propagación del virus».
