El Consell ha declarado de urgencia la tramitación del proyecto de decreto por el que se regula el Mapa de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento con la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat, aprobada el pasado año. La propia ley establece que el Consell deberá aprobar reglamentariamente el Mapa de Servicios Sociales como requisito para el desarrollo de las demarcaciones territoriales que componen la estructura territorial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

Tal como está previsto, a lo largo de esta legislatura «se van a desarrollar los distintos aspectos de esta ley que reformula y revierte el deficiente estado en el que se encontraba el anterior sistema valenciano de servicios sociales», según explican fuentes de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La aprobación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat tiene como objetivo blindar los servicios sociales, que son declarados servicios públicos esenciales, situando en el centro a las personas con el consiguiente refuerzo del papel de la administración local como puerta de entrada a la atención a la ciudadanía.

El desarrollo de esta ley, que se abordará a lo largo de la presente legislatura, necesita de la adecuación de las estructuras internas de la Administración, de manera que se garantice el acceso universal al sistema de atención a las personas y a sus necesidades, el reconocimiento de los profesionales y la necesidad de innovar e investigar.

Uno de los elementos imprescindibles para ello es el Mapa de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, que será el instrumento que establecerá la organización territorial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y será el marco de referencia para la planificación del sistema. En su elaboración participarán entidades locales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

En su elaboración se tendrán en cuenta aspectos como la baja densidad demográfica; la alta dispersión geográfica y el riesgo de despoblación, con objeto de garantizar una oferta de prestaciones y servicios equivalentes a los existentes en todo el territorio con medidas de discriminación positiva de acuerdo con umbrales de población y ratios de profesionales.