16 de marzo de 2020
16.03.2020
Levante-emv

Interior opta por la concienciación de la población y espera "no tener que multar"

Las Fuerzas de Seguridad recorren las calles valencianas informando a los ciudadanos que ayer salieron a pasear o practicar deporte, desobedeciendo las medidas de confinamiento antipandemia

16.03.2020 | 04:15
Interior opta por la concienciación de la población y espera "no tener que multar"

Mano izquierda y mucha pedagogía. Concienciar, informar y disuadir. Esa es la filosofía por la que ha optado el Ministerio del Interior como estrategia para que las Fuerzas de Seguridad hagan cumplir las drásticas medidas impuestas para contener la vertiginosa propagación del Covid-19, la principal de ellas, el confinamiento absoluto de la ciudadanía en sus domicilios, salvo en los escasos supuestos que recoge el decreto que desarrolla el Estado de Alarma.

Así, a lo largo de todo el día de ayer -en algunos casos, ya ocurrió durante la madrugada anterior-, todos los coches patrulla de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de servicio en València y del resto de ciudades y municipios de la Comunitat Valenciana se dedicaron a recorrer las calles e informar a la ciudadanía a través de megáfonos de la obligación de permanecer en los domicilios para intentar frenar la expansión del coronavirus.

La estrategia es clara. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la argumentó en su comparecencia de anoche, cuando dijo que la misión principal de las fuerzas de seguridad, en las que se engloban desde la entrada en vigor las policías autonómicas, las locales e incluso la seguridad privada, es la de «ayudar a los ciudadanos y garantizar y proteger su salud».

En este sentido, todos los agentes recibieron de sus respectivos jefes una misma orden: informar y concienciar a la ciudadanía. Las sanciones que prevén las leyes -la de Protección de la Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza' y el Código Penal- si se incumplen las restricciones que marca el decreto, y que pueden ser de hasta 30.000 euros o tres años de cárcel, dependiendo de cuál de las dos normas se aplique, se dejan para más tarde.

De hecho, fuentes del Gobierno se han mostrado convencidas de que no será necesario llegar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley, porque la ciudadanía «va a responder perfectamente, estamos convencidos de que los casos extremos serán mínimos».

En la misma línea, Grande-Marlaska reiteró anoche que «los ciudadanos españoles han demostrado su solidaridad y su concienciación·, aunque aseguró que en los casos en que de manera reiterada y «renuente» se incumplan las restricciones, se impondrán las sanciones previstas.

Un bar en Alicante

De hecho, uno de los escasos incidentes de cierta entidad vividos en la Comunitat Valenciana fue con el propietario de un bar de Alicante que se negó a cumplir el decreto autonómico de cierre de su establecimiento a las 0.00 horas del viernes, 12 horas antes de la declaración del Estado de Alarma, y que tuvo q ser obligado por agentes de la Policía Autonómica.

La labor de los agentes fue desarrollada ayer por la mañana mediante una orden ministerial para ampliar el decreto, en el que queda claro que además de hacer cumplir las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias, deberán proteger y auxiliar a la ciudadanía, estar al servicio de los profesionales de la Sanidad, habilitando incluso corredores sanitarios, y protegiendo las infraestructuras críticas, además de procurar que no hay problemas de distribución de alimentos, energía eléctrica, gas natural y carburantes.

Turnos aminorados

De momento, y dado que los juzgados solo atienden servicios urgentes, a la mayor parte de los agentes destinados en unidades de investigación e información se les ha pedido que trabajen menos horas de las asignadas habitualmente y que tengan preparados sus uniformes, posiblemente para asumir tareas de Seguridad Ciudadana -en vehículos oficiales y patrullando las calles-, dado que los agentes que ahora desempeñan esas funciones acabarán viéndose desbordados en los próximos días.

Los reclusos se quedan sin permisos y sin visitas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmó ayer una orden ministerial que amplía las medidas antipandemia en los 69 centros penitenciarios españoles, entre ellos los cuatro valencianos -Picassent, Alcossebre, Fontcalent y Villena-, aprobadas la semana pasada y que blindan las cárceles. Las principales medidas son la suspensión de todos los permisos, para evitar las salidas y entradas de prisión de los internos, así como la anulación de todas las visitas. Para paliar los efectos sobre la población reclusa, se incrementarán las llamadas al exterior.

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