Incumpliendo la limitación a la circulación de las personas, medida recogida en el Real Decreto por el que se decretaba el estado de alarma, cientos de familiares de presos internos en el centro penitenciario de Picassent se acercaron ayer para visitar a sus allegados. En estas comunicaciones orales, a través de un cristal, había personas de todas las edades, incluyendo niños y ancianos, según aseguran fuentes de Acaip-UGT, quienes critican que no se hayan adoptado medidas para evitar esta circunstancia. Todo ello a la vez que los funcionarios de prisiones siguen sin contar con elementos de protección para evitar contagios.

Fuentes de Acaip aclaran que los desplazamientos para visitar a familiares en centros penitenciarios no están recogidos entre las excepciones de la declaración del estado de alarma. Así explican que mientras en una veintena de centros penitenciarios del estado español “se tomaron medidas para evitar que se produjera esa circunstancia, que no es caprichosa, sino que tiene la finalidad de contener y evitar la propagación del coronavirus, en el centro penitenciario de Valencia nadie tuvo a bien tomar esa decisión”.

Una vez en el centro penitenciario, los visitantes se distribuían entre las salas de espera de las dos unidades, donde se produce una concentración de más de 60 personas, en un espacio muy reducido. Desde Acaip advierten que dada la afluencia, era imposible garantizar una separación mínima, y una ausencia de contactos.

Según estas mismas fuentes la Inspección de Servicios de la Secretaría General de IIPP mandó un mensaje a los centros penitenciarios diciendo que aquellos que acudieran a comunicar a las prisiones, lo hicieran normalmente. De igual modo, aseguran que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se inhibió del problema, pese a que desde Acaip-Ugt se contactó con ellos en la mañana de ayer. “Toda su respuesta fue que elevaban una consulta al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Asimismo que debería pensarse en limitar o prohibir las

mencionadas comunicaciones orales, pero sin tomar ningún tipo de decisión o iniciativa para ello.

Por su parte, critican que la Dirección del centro penitenciario de Valencia, tampoco tomara ningún tipo de decisión en este sentido, ya que no tenían instrucciones desde Madrid para ello. Una vez finalizadas esos turnos de comunicaciones, desde el Ministerio del Interior si se emitió una orden para que se suspendieran, pero los funcionarios de prisiones consideran que esta decisión llegaba ya tarde.

De hecho, los trabajadores que estuvieron atendiendo estas visitas no disponían de ninguna mascarilla, ni de otros elementos de protección. “Dado el estado en que nos encontramos, con una enfermedad descontrolada, con descubrimientos recientes que indican que en gran medida los contagios se pueden estar produciendo durante la fase de incubación asintomática, debería ser imprescindible que todo el mundo que accede al centro desde el exterior portara una mascarilla, porque no se sabe en que fase puede estar cada uno”, insisten fuentes de Acaip.

Incidentes en Fontcalent y Castelló

La falta de información y de medidas de protección ante el coronavirus provocó el domingo los primeros incidentes en el centro penitenciario de Fontcalent, donde un grupo de internos se negaron a subir a sus celdas y prendieron una hoguera en el patio en señal de protesta, sin llegar a causar heridos, según informaron fuentes de sindicato CSIF.

También se produjeron incidentes este fin de semana en el centro penitenciario de Castelló. En el módulo 1 una veintena de internos, antes del reparto de la cena, se negaron a subir a las celdas para el descanso nocturno. Fruto del nerviosismo por la pandemia, los presos quemaron mantas y papeleras y destrozaron el mobiliario del módulo, indican fuentes de CSIF, quienes solicitan habilitar un espacio lo suficientemente amplio en el interior de las prisiones para situaciones de aislamiento. De igual modo abogan por decretar 14 días de cuarentena a todos los nuevos ingresos.

Por su parte, desde Acaip-UGT llevan toda la semana pidiendo tanto de forma verbal, como reiteradamente por escrito que se faciliten esos elementos de protección, tanto ante el Ministerio del Interior, como ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como ante la Dirección del centro penitenciario de Picassent.

Sin embargo, afirman que no se están facilitando esas mascarillas, ni a quienes atienden a los visitantes, ni a los trabajadores de servicio en los distintos departamentos del centro “para no generar alarmismos entre la población interna y entre los familiares”.

Asimismo critican que se haya obligado, con amenazas de expedientes disciplinarios, a trabajadores que se habían llevado sus mascarillas de casa a que se las quitaran. También critican la ausencia de hidrogeles de base alcohólica para desinfección de manos, ni guantes desechables de protección adecuada para ser utilizados en la manipulación de documentación, o dinero, ni pañuelos desechables.

“Se trata de incumplimientos muy graves de las normativas de protección acordadas, y se está convirtiendo al Centro Penitenciario de Valencia en un potencial foco de transmisión y propagación de la enfermedad. Lo que es una total y absoluta irresponsabilidad”, denuncian fuentes de Acaip-UGT.

De igual modo, critican que en el funcionamiento diario del centro, tampoco se están llevando a cabo medidas adecuadas para tratar de limitar, en la medida de lo posible, las concentraciones de personas. Por un lado se ha habilitado un departamento para establecer una especie de “cuarentena” de todos aquellos internos que ingresan de libertad. Sin embargo, en la jornada del domingo hasta 26 internos de este tipo paseaban juntos en un patio sin condiciones para ello.

Tampoco se han limitado las salidas a talleres productivos de internos, a diferencia de lo que está ocurriendo en muchas de las empresas de este país. Ni se ha planteado de que los internos que voluntariamente lo deseen puedan permanecer en sus celdas, y el resto, baje por turnos a los actos comunes regimentales. Todo ello, pese a suponer más trabajo para los funcionarios de servicio, reduciría de forma importante la concentración de internos en los diferentes módulos, según aclaran desde Acaip, que ha trasladado todo lo ocurrido a sus servicios jurídicos para estudiar la interposición de denuncias por infracciones en materia de salud pública.