La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas acaba dictar una nueva disposición para, como ha ocurrido en el ámbito sanitario, poder disponer en caso de necesidad de los medios y recursos de los servicios sociales o socio-sanitarios de otras administraciones públicas y entidades privadas. Es decir, en caso de necesidad, la Generalitat podrá interve ir aquellos centros que prestan servicios sociales, aunque estén en manos privadas.
La decisión se toma en base al real decreto del Gobierno que declara el estado de alarma y que permite este tipo de medidas excepcionales para poder gestionar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
La conselleria parte de la base de que los servicios sociales valencianos "deben atender a una población considerada de alto riesgo en el caso de contagio del coronavirus Covid-19, por lo que resulta indispensable movilizar recursos materiales y humanos extraordinarios para prevenir y, en su caso, combatir la enfermedad con las máximas garantías en la preservación de la salud y el bienestar de los más vulnerables".
La resolución contiene otras medidas sobre el personal al servicio de esta conselleria que completa las ya adoptadas (anulación de permisos, días de libranza, etc.). Así, se declara la disponsibilidad de todo el personal funcionalmente dependiente de estos servicios y se recoge que se podrán adoptarse medidas de movilidad geográfica en el conjunto de la Comunitat Valenciana cualquiera que sea su naturaleza y régimen jurídico, excepto mujeres embarazadas y víctimas de violencia de género.
Se extienden las medidas al personal que realice funciones de mantenimiento o de administración, y cualquier otra que contribuya al funcionamiento de la atención social y sociosanitaria o de dispositivos de prevención, control o seguimiento.
