17 de marzo de 2020
17.03.2020
Levante-emv

"Hemos trabajado en malas condiciones en el turno de oficio"

La conselleria envía a la Ciudad de la Justicia 3.000 mascarillas para las guardias entre críticas del turno de oficio - El colegio se reorganiza para que detenidos y víctimas cuenten con abogado aunque no tengan dinero

17.03.2020 | 04:15
"Hemos trabajado en malas condiciones en el turno de oficio"

El turno de oficio es una parcela más del ejercicio profesional de la abogacía. Está mal pagado y poco reconocido, pero los abogados lo hacen porque creen que deben ayudar a los ciudadanos con menos recursos como un ejercicio de responsabilidad profesional y servicio público.
La pandemia del Covid-19 también está poniendo a prueba a la Justicia, una crisis que va cambiando de hora en hora y plantea cuestiones que se deben resolver sobre la marcha. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv), la magistrada Pilar de la Oliva, acordó el viernes la suspensión generalizada de juicios y plazos procesales, 24 horas antes de que lo hiciera el Poder Judicial. Se trata de una medida absolutamente excepcional, pues las vistas orales no se retomarán hasta nuevo aviso y por el momento no se admiten ni denuncias o demandas que no sean consideradas de urgencia.

Además, el acceso público a las sedes judiciales ha quedado restringido por la crisis sanitaria y se han colocado carteles en los edificios más importantes con teléfonos y direcciones electrónicas para informar a los usuarios. Los jueces de guardia están resolviendo sobre asuntos de violencia de género y Registro Civil que recaen ahora en juzgados mixtos.

El decreto del estado de alarma llegó en fin de semana y las guardias se han desarrollado sin incidentes destacables pese a la ausencia de medidas preventivas y el elevado riesgo de contagio. Ningún detenido o víctima ha estado sin asistencia letrada por motivos económicos y los abogados han garantizado la ayuda a personas sin recursos. «Hemos trabajado en malas condiciones estos días porque no nos han dado ni mascarillas ni guantes», lamenta una letrada del turno en declaraciones a Levante-EMV.

En un comunicado difundido ayer, el Colegio de Abogados de València exigió «que se pongan a disposición de los letrados de guardia de presos y detenidos, extranjería, víctimas de violencia y asistencia al menor los medios adecuados, tales como mascarillas, guantes y geles desinfectantes».

El colegio realizó la petición «tanto a los letrados como a las personas con las que deban interactuar para posibilitar el ejercicio del derecho fundamental. De no hacerse de este modo dicho derecho podría ponerse en peligro». Piden que la medida se extienda al resto de colegios del territorio valenciano y se autorice la asistencia por videoconferencia.

La Conselleria de Justicia informó del envío de 3.000 mascarillas a la Ciudad de la Justicia de València. Solo se repartirán entre los trabajadores que ofrecen servicios mínimos y atienden al público. La Administración irá reforzando estos recursos en los próximos días.

Menos detenciones
La guardia de este fin de semana ha sido relativamente tranquila en València. El confinamiento ha reducido la actividad delictiva y se ha dispensado de trabajar a los abogados de oficio sospechosos de ser portadores del virus. «Las personas que nos comunican sospechas de ser portadores las hemos dispensado. Ha ocurrido con un compañero que tenía síntomas. Es el único caso del que hemos tenido conocimiento hasta ahora», explican fuentes del Icav. También se ha dispensado de la guardia a abogadas embarazadas al considerarlas población de riesgo. Otra medida preventiva afecta a la entrevista entre abogados y detenidos que podrá realizarse en las salas de vistas, más grandes y permiten la distancia mínima.

Los juzgados que abordan despidos colectivos o derechos de los trabajadores, el TSJ entiende que solo deben celebrarse aquellas vistas o medidas cautelares, ERTES y ERES que «dimanen de la aplicación del Estado de Alarma». El CGPJ ha dejado sin efecto los permisos y licencias de jueces «cuyo disfrute impida o dificulte la prestación de los servicios esenciales».

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