Más de 5.000 empleos de la Comunitat Valenciana se han visto afectados por la crisis del Covid-19. El instrumento al que se han agarrado las empresas para hacer frente a las pérdidas es el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Pero los expertos en procedimientos laborales afirman que existen otras alternativas. Así lo explica a preguntas del periódico Levante-EMV Fernando Crespo, socio responsable del Departamento Laboral de Garrigues en la C. Valenciana.
«Cabe [en la ley] que las empresas alcanzaran acuerdos con los representantes de los trabajadores para paliar la situación con bolsas de horas recuperables o permisos no retribuidos, entre otras opciones, pero estas medidas normalmente tienen un corto recorrido». La bolsa de horas hace referencia a la distribución irregular de la jornada de trabajo, un sistema de horario flexible que se aplica en algunas compañías desde 2012. Permite que una porcentaje de horas de la jornada laboral pueda distribuirse de forma irregular, adaptándose a los momentos de mayor actividad de la compañía o a situaciones excepcionales.
Mientras, los permisos no retribuidos es un sistema al que tienen derecho los trabajadores si así viene recogido en su convenio colectivo. El trabajador no cobra su nómina durante un periodo concreto, pero no se extingue la relación laboral con su empresa. Son dos de las fórmulas que muchas compañías estudian como alternativa a los despidos temporales.
El ERTE es un mecanismo previsto en el estatuto de los trabajadores que permite a las empresas ajustar temporalmente la mano de obra cuando concurren causas económicas, técnicas organizativas o de la producción que lo justifican. También puede adoptarse por fuerza mayor, como está sucediendo tras el estado de alarma.
Medidas de ajuste
Las medidas de ajuste que se llevan a cabo pueden consistir en una suspensión del contrato de trabajo (no se trabaja y no se remunera pero sigue vigente el vínculo) o una reducción temporal de la jornada, entre un 10 y un 70 por ciento.
Muchas consultas a asesorías o despachos de abogados llegan de empresas cuya actividad no se ha visto directamente afectada por el decreto de estado de alarma, pero sí por las medidas de aislamiento.
«Toda empresa puede presentar expedientes para suspender contratos o reducir jornadas temporalmente como consecuencia de que su actividad esté afectada por el Covid-19, debiendo justificar esta afectación, aunque no esté incluida expresamente en la normativa reguladora del estado de alarma», razona Crespo.
Tipos de causas
Además, añade que, «según el criterio del ministerio, en función del origen de la afectación, el expediente temporal será por causa mayor o por causas objetivas, que pueden ser productivas, organizativas, económicas o tecnológica».
Los despachos de abogados empezaron a recibir consultas para acordar los primeros despidos desde el mismo sábado por la mañana. «Todas aquellas empresas afectadas por la normativa del estado de alarma que impone el cierre de sus establecimientos son las primeras que están requiriendo expedientes temporales desde el pasado sábado, pero a la mayor parte del resto de empresas la paralización del país también les está afectando, por lo que muchas también están valorando la presentación de expedientes temporales», confirma Fernando Crespo.
Respecto al acuerdo al que deben llegar empresarios y trabajadores, Crespo puntualiza que «en el supuesto de los expedientes temporales por fuerza mayor, no se prevé una negociación y están sujetos a la autorización de la autoridad laboral». Por otra parte, «los expedientes temporales por causas objetivas no requieren autorización de la autoridad laboral pero deben negociarse con los representantes de los trabajadores. La negociación puede terminar con acuerdo o sin acuerdo, pudiendo incluso sin acuerdo el empresario decidir la suspensión de contratos, sin perjuicio de que siempre es conveniente alcanzar acuerdo», matiza Crespo.
Los servicios mínimos acordados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogen que un juez de guardia de lo Social asumirá las demandas que se presenten por posibles abusos en los despidos temporales. El órgano judicial velará por la legalidad de las medidas de ajuste que tomen las empresas. Se prevé que en los próximos días siga aumentando el número de despidos.
