Mascarillas a tres euros y medio. Ese era el precio al que estaba vendiendo una empresa de Alaquàs las unidades de este producto, ahora tan demandado para protegerse del Covid-19, en farmacias de toda València, hasta que la Guardia Civil de Paiporta ha descubierto el presunto fraude tras intervenirle a un repartidor un cargamento con 600 mascarillas y 2.500 hidrogeles.

En situaciones de crisis, como la que se está viviendo ahora con la pandemia del coronavirus, hay personas y empresas que tratan de aprovecharse de la coyuntura y el pánico de los ciudadanos para sacar rédito económico a costa de la necesidad de otros. Y eso es lo que trata de evitar el decreto ley de estado de alarma y sus posteriores ampliaciones. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ya advirtió el domingo pasado, cuando el estado de alarma llevaba solo unas horas en vigor, que perseguiría penalmente a quien tratase de hacer negocio en la actual situación y que el Estado requisaría todo depósito de hidrogeles, mascarillas y guantes, que en los mercados normales están desparecidos desde que se inició la crisis.

Así, agentes de la Guardia Civil de Paiporta detuvieron el martes a un repartidor de dicha empresa de Alaquàs y le intervinieron una carga de 600 mascarillas y 2.500 unidades de hidrogel desinfectante en una furgoneta. Su intención era venderlas en una farmacia de forma individual por un precio diez veces superior al habitual.

Tras dicho hallazgo y la imputación del repartidor, la Guardia Civil centra las investigaciones en la propia empresa, después de hallar recibos de hasta 5.000 euros, que supuestamente tampoco estaría declarando.

Las investigaciones continúan abiertas y centradas en esa empresa, ya que se sospecha que la intención era deshacerse de las mascarillas y del resto del material almacenado directamente a las farmacias subiendo los precios de forma desmesurada para hacer negocio.

Además, se cree que, pretendían evitar tener que entregárselas a las autoridades, dado el desabastecimiento general, que es especialmente grave entre los sanitarios y las fuerzas de Seguridad, precisamente quienes más las necesitan al estar en contacto directo con enfermos, los primeros, y con el resto de la población, los segundos.

Horas antes de la detención del repartidor en Paiporta, la Policía Nacional ya había recibido denuncias de farmacias que habían alertado de que esa misma empresa estaba hostigándoles telefónicamente, ofreciéndoles mascarillas, hidrogeles y guantes a un precio que en ocasiones multiplicaba por diez el coste habitual de esos productos antes de la actual emergencia sanitaria.

Un menor denunciado en Alzira

No ha sido el único caso. Un día antes de esa detención, el lunes, la Policía Nacional sancionaba con una multa de 3.000 euros a un menor de edad que fue sorprendido robando una caja con 50 mascarillas quirúrgicas en el servicio de urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira.

Fueron los vigilantes quienes retuvieron al chico, después de ser alertados por los médicos de urgencias, hasta que llegó una patrulla de la Policía Nacional de Alzira. Los agentes avisaron a los progenitores del menor, como establece la ley, y se lo entregaron, eso sí, junto con el acta de propuesta de sanción por vulneración de la Ley de Salud Pública, por un importe de 3.000 euros, cuyo pago deberán afrontar precisamente los padres.