La reversión al sistema público de los departamentos sanitarios que el PP puso en manos privadas y la recuperación de derechos y recortes afectados tras la crisis que comenzó en 2008 fue uno de los ejes del discurso del primer Botànic a partir de 2015. Durante las dos décadas anteriores, los gobiernos populares desarrollaron y afianzaron un modelo de colaboración público-privada exportado al mundo bajo el nombre de modelo Alzira y que aún se mantiene en cuatro áreas de salud.

En esos años, la izquierda y la derecha se enzarzaron en un debate constante, casi diario. De forma simplificada, el pulso de la disputa ideológica del modelo Alzira radicaba en que la derecha defendía que la empresa privada gestiona de forma más eficaz que la Administración, mientras la izquierda sostenía que el gran objetivo de una empresa siempre sería el beneficio y que la salud de las personas no podía quedar a expensas de una cuenta de resultados.

Ahora que la pandemia del coronavirus alcanza su apogeo y una sanidad pública potente y con recursos se hace más necesaria que nunca, la izquierda se siente ganadora de ese debate.

Se vio en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en el Congreso cuando aseguró que la necesidad de mantener unos servicios públicos fuertes era ya tan evidente que lo mejor era dejarla fuera del debate político. «Esta puede ser la primera lección de esta emergencia, protejamos nuestro sistema público de salud», dijo Sánchez. El líder de la oposición, Pablo Casado, pareció no sentirse cómodo y prefirió plegar velas: «No es momento para confrontar lo público con lo privado», dijo.

La reflexión de Sánchez es la misma que hace el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En su última comparecencia en las Corts, el jefe del Consell vino a decir que la pandemia nos había puesto ante nuestro propio espejo. «El Estado del Bienestar es nuestra bandera y en momentos de emergencia sanitaria como el que vivimos se hace más evidente entender la necesidad de cuidar ese tesoro, un tesoro que pagan con su esfuerzo trabajadores y trabajadoras, y las empresas que generan riqueza», defendió Puig.

«Lo ocurrido demuestra la importancia que tiene disponer de una sanidad universal, pública y de calidad, no podemos acordarnos de Santa Bárbara solo cuando truena», remató.

Añadió que tras la época de recortes del PP, el Botànic, consciente de la importancia de la protección sanitaria, elevó el presupuesto de la conselleria en 1.270 millones, de forma que de gastar 15 millones diarios en años anteriores, la sanidad valenciana ha pasado a un presupuesto diario de 18.

«Demonización en la izquierda»

Pero el PP defiende que el modelo de gestión público-privado sigue siendo muy válido. El portavoz autonómico de Sanidad, José Juan Zaplana, asegura que no se puede hacer el análisis en caliente.

«No podemos abrir debates ideológicos en este momento, no es una cuestión de privado o público; todos los recursos privados se han puesto a disposición de la Administración y aun así no dan abasto», explica Zaplana. «A nosotros se nos acusa de privatización y no es cierto, lo que defendemos es una mejor organización. ¿Alguien defendería hoy farmacias con funcionarios? Pues no, es un modelo de colaboración público-privado que funciona perfectamente. Ni la sanidad pública es perfecta ni la privada es mala porque quiere ganar dinero y en este momento las listas de espera en la Comunitat Valenciana las salvan Torrevieja, Vinalopó y Manises. La colaboración es buena, lo que hay es una demonización de la izquierda, no una crisis de modelo».

La diputada de Cs Yaneth Giraldo defiende la sanidad pública. «Es el máximo estandarte de nuestro Estado de Bienestar y es necesario blindarla de interferencias ideológicas como la lengua, lo que hace falta son más recursos».

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