«Parece la legislatura de las siete plagas». La frase se ha escuchado más de una vez esta semana en los pasillos del Palau de la Generalitat y de alguna conselleria.

En poco menos de un año de legislatura, el Gobierno valenciano ha visto como dos catástrofes naturales, el paso de una Dana a mediados de septiembre que dejó cuantiosos daños y el histórico temporal «Gloria» de principios de 2020 que arrasó el litoral valenciano, han marcado el inicio de la legislatura autonómica.

Pero ahora, con los terribles efectos de una pandemia mundial que ha situado a España entre los países más afectados del mundo y a la Comunitat Valenciana en espera de una evolución del virus cuya dimensión aún nadie es capaz de predecir, pero que amenaza con complicarse aún más según los expertos, la legislatura queda ya condicionada definitivamente. El virus deja incluso como mal menor los dos temporales. Uno, el de la Dana, calificado en su momento como una gran catástrofe, que dejó daños de 1.500 millones de euros, más de cuatro mil personas evacuadas y que aún mantiene ayudas a afectados que se están gestionando.

Le siguió pocos meses después otro temporal histórico, «Gloria», que dejó cuatro fallecidos y tuvo tal impacto con decenas de paseos marítimos destrozados que abrió el debate sobre la posibilidad de dejar sin recuperar muchas obras dañadas para no malgastar nuevas inversiones que el mar volverá a echar al traste.

Así, en los primeros meses, el Consell se dedicó a capear el temporal. Tuvo que afrontar dos tormentas excepcionales que obligaron a activar un plan de recuperación millonario para la Vega Baja. Una comarca que sufría una catástrofe, la peor en siglo y medio, que llegó a compararse con la que dejó el huracán «Katrina» en Louisiana, y que, ante la gravedad, forzó al Consell a priorizar y concentrar sus fuerzas y competencias en acelerar ayudas.

Todos los esfuerzos para el virus

Pero el impacto del coronavirus ha sido absoluto. La pandemia, el confinamiento, el número creciente de contagiados, la instalación de hospitales de campaña, la evidencia de que lo peor aún está por llegar o el aluvión de expedientes temporales de empleo que ponen en jaque la economía no dejan espacio para nada más.

De ese modo, la atención prioritaria a los imprevistos ha aparcado cualquier posibilidad de tejer un relato para el ejecutivo de izquierdas (PSPV, Compromís y Unides Podem) con el que afrontar su segundo gobierno. Hay convencimiento de que la gestión del coronavirus va a ser lo más importante que muchos de los actuales gestores tengan que hacer en sus trayectorias políticas.

Si el primer Botànic logró confeccionar un discurso que tenía como pilar la recuperación de derechos y reversión de los recortes tras los años de gestión popular, el segundo Botànic pretendía lograr un renacimiento de la Comunitat Valenciana, expresión que el presidente, Ximo Puig, ha usado en numerosos discursos.

Pero el coronavirus ha dejado otras lecturas en las salas de máquinas de Presidencia y las conselleries. Así, la legislatura de las siete plagas ofrece ya la enseñanza de que el impulso del sector público va a ser determinante para superar la crisis. El presidente Puig y el Consell denunciaron en muchas ocasiones durante la pasada legislatura que el motor público de la Comunitat Valenciana se había quedado gripado por la ruina económica, los impagos a proveedores o los casos de corrupción tras 20 años de gobierno del PP, mientras era el sector privado el que tiraba del carro.

Ahora, opinan, ocurrirá al contrario, y con la crisis en el sector privado como consecuencia del bloqueo de la economía que ha provocado el confinamiento, deberá ser el motor público el que encienda de nuevo la economía.

Sanidad universal es ahora clave

En este sentido, iniciativas adoptadas la pasada legislatura como la universalización de la sanidad pública tienen ahora una relevancia absoluta porque nadie se imagina que personas que hubieran podido contraer el coronavirus, como en el caso de inmigrantes a los que el PP excluyó de la sanidad pública, se quedaran hoy sin atención aunque estuvieran contagiados, lo que dispararía el riesgo para el resto de población, algo que en su momento se criticó con dureza a los populares.

Por eso, uno de los mensajes fuerza que el Consell envía en las últimas semanas es la necesidad de disponer de un sistema público aún más fuerte. Una de las enseñanzas que dejará esta crisis, están convencidos, es la de la revalorización del sector público, que los partidos de la derecha suelen subestimar ya que consideran que el mercado regula o que la sanidad privada es más eficiente. La crisis, creen, demostrará el liderazgo de lo público.

Pero además de hacer frente a las catástrofes y los imprevistos, las fuentes del Consell defienden que en estos meses se habían puesto ya en marcha iniciativas importantes, que, no obstante, han quedado ocultas para la opinión pública por lo que denominan las siete plagas.

Recuerdan como ejemplo de que la gestión no ha decaído el dato de que la ejecución del capítulo de inversiones del presupuesto de 2019 es superior en un 25% a la del año anterior y ponen en valor que la Comunitat Valenciana fue la autonomía española que más aumentó el gasto social entre 2015 y 2018.

Problemas que tapan la gestión

Es evidente que cualquier problema (y más de la dimensión de la pandemia) tapa inexorablemente el resto de gestión. Pero inciden en que, por ejemplo, el programa Edificant de eliminación de barracones, con una inversión programada de mil millones y la participación de los ayuntamientos y del que quedarían 700 por ejecutar, se ha acelerado.

Cuestiones a las que el Consell da muchísimo valor como la puesta en marcha del Distrito Digital, la recuperación de Ciudad de la Luz que se iba a vender en subasta por una cantidad ínfima, pero que se ha convertido en una infraestructura de vanguardia con 70 empresas o el espaldarazo a la Marina de València como referente de la innovación también han pasado a un segundo plano.

La misma suerte corre el nuevo pacto verde, conocido como New Green Deal, que contempla la recuperación de la Albufera, y el pacto verde valenciano con la reducción del 40 por ciento de emisiones contaminantes o la estrategia contra el despoblamiento ya iniciada con ayudas a municipios en riesgo de despoblación y que se retomarán cuando pase la pandemia. También citan iniciativas como los programas Avalem, infraestructuras como la T10 del metro de València, el Tram de Alicante o el impulso a la colaboración público privada para el tren de la costa, la CV95 en Orihuela costa, las actuaciones en Vivienda o un plan contra las listas de esperas en colaboración público-privada, proyectos que, según remarcan, siguen en en pie.

Pero la factura que pasará la pandemia en vidas y en impacto sobre la economía valenciana obligará a una recuperación que puede tardar años. El coronavirus lo ha cambiado todo.

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