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Consejos

Guía para las ayudas a los autónomos

Los empleados por cuenta propia pueden pedir la prestación por cese de actividad si se ven afectados por la crisis del Covid-19 pero deberán pagar la cuota correspondiente mientras no se la reconozcan

Si la declaración del estado de alarma ha supuesto un shock para la mayoría de empresas, en el caso de las pymes y los trabajadores autónomos los cierres forzosos o la caída en picado de la facturación suponen una amenaza aún más seria para su continuidad, ya que suelen tener un pulmón mucho menor que las grandes corporaciones. Por este motivo, cada paquete de medidas aprobado por el Gobierno ha incluido propuestas para ayudar al colectivos de quienes trabajan por cuenta propia, entre ellas, la posibilidad de aplazar impuestos o facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad, una especie de subsidio de paro para los autónomos. Muchas de estas medidas medidas también tienen una cara B que hay que analizar.

Se aplaza el impuesto pero no su declaración

Una de las primeras decisiones del Gobierno fue permitir un aplazamiento del pago de impuestos para los autónomos y las empresas que facturaran el año pasado menos de 6.010.121 euros, por un plazo de seis meses y los tres primeros, además, de carencia, es decir, sin pagar recargo. El problema, como apunta la vicepresidenta de la asociación ATA, Celia Ferrero, es que la petición de aplazamiento no exime de tener que presentar puntualmente todas las declaraciones y autoliquidaciones previstas en el calendario -desde el IVA, a los pagos a cuenta del IRPF o el Impuesto de Sociedades-, aunque luego se solicite la prórroga en su pago. «Con las restricciones de movimientos que hay, en estos momentos es muy complicado que los autónomos puedan llegar a sus negocios para recopilar las facturas o la documentación necesaria y mandársela a su gestor. Tendrían que haber suspendido directamente las liquidaciones del primer y segundo trimestre del año», se queja Ferrero, recogiendo el sentir de la mayoría de autónomos.

Pero, además, el secretario de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales, José María Martínez, recuerda que se ha establecido un límite máximo de 30.000 euros en estos aplazamientos, lo que da margen de sobra para un trabajador independiente, pero puede no alcanzar, por ejemplo, para un pequeño negocio de importación.

Cuidado con el pago de la cuota a la Seguridad Social

Otras de las medidas mejor acogidas ha sido la flexibilización de los criterios para acogerse a la prestación por cese de actividad para todos aquellos que se hayan visto afectados por el cierre forzoso de su negocio, o los que experimenten un caída del 75% de su facturación por la crisis del Covid-19 en el mes natural anterior a la petición. Como los principales efectos se sintieron a partir de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, esto provocará que muchos autónomos no puedan acreditar esta caída hasta el 14 de abril, aunque ya estén sufriendo sus consecuencias, como explica el secretario general de UPTA-PV, Javier Pastor.

Otra queja generalizada es que, aunque el cobro de la prestación implica que se deja de pagar la cuota de autónomo a la Seguridad Social, no basta con haberla solicitado, hay que tenerla concedida. De esta forma, según ATA, prácticamente la totalidad de los autónomos tendrán que abonar el importe de este mes de marzo, ya que las mutuas ni siquiera tenían claro hasta el pasado viernes cómo tramitar la prestación, por lo que difícilmente habrá una cantidad significativa de ayudas aprobadas. Aunque la Seguridad Social ha dicho que devolverá el dinero posteriormente, desde ATA piden la suspensión generalizada de la cuota este mes y que se cobre en junio o julio, cuando ya esté claro quién tiene derecho a dejar de pagar y quién debe continuar con el abono de la misma.

ERTES con compromiso de empleo

El Gobierno también ha facilitado que los autónomos con trabajadores a su cargo puedan aplicar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, lo que, en el caso de los que sean por fuerza mayor, les permitirá ahorrarse las nóminas y las cotizaciones. Eso sí, como advierte el presidente de la Comisión de Laboral del Colegio de Economistas de Alicante, Salvador Payá, hay que analizarlo bien porque el decreto exige que, tras el estado de alarma, se mantenga el empleo durante seis meses, lo que puede generar problemas posteriores.

A la espera de la liquidez prometida por el Gobierno

Todos los consultados señalan que una de las claves de una pronta recuperación será que las empresas puedan acceder a la liquidez necesaria para financiar gastos mientras no generen ingresos. Asociaciones y profesionales están a la espera de conocer hoy martes cómo se articulan las líneas prometidas.

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