25 de marzo de 2020
25.03.2020
Levante-emv

La moratoria de las hipotecas: una carrera llena de obstáculos

Las asociaciones de consumidores denuncian la dureza de los requisitos y la numerosa documentación

24.03.2020 | 23:16

Cuando el Gobierno incluyó una moratoria en el pago de las hipotecas entre las medidas que aprobó el pasado martes para hacer frente a las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus, el aplauso fue casi unánime y muchas familias respiraron aliviadas, ante la perspectiva de poder aplazar el pago de la letra. Sin embargo, una semana después son muy pocos los que han conseguido ni tan siquiera presentar la solicitud ante la dureza de los requisitos exigidos y la cantidad ingente de documentación que hay que aportar, especialmente difícil de conseguir en un momento de movimientos limitados.

De esta forma, la letra pequeña ha convertido la moratoria en una auténtica carrera de obstáculos, que amenaza con hacer fracasar una de las medidas estrella del Ejecutivo para aliviar las consecuencias del estado de alarma, según asociaciones como Asufin o Adicae, y que, incluso, ha obligado a los ayuntamientos a modificar sus procedimientos para poder entregar los certificados de empadronamiento que exige la tramitación del aplazamiento. Una complejidad que reconocen en privado los propios responsables de las entidades financieras, aunque en público eluden realizar ningún comentario y se limitan a señalar que son una simple «correa de transmisión» de lo que ha decidido el Ejecutivo.

La primera queja de las asociaciones de usuarios de banca llega por las condiciones para acceder al aplazamiento. No basta con que el solicitante haya perdido su empleo por los efectos del coronavirus o, en caso de ser empresario o profesional, que haya sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o de sus ventas. Deben cumplirse, además, otros tres requisitos. El primero, que la suma de la cuota de la hipoteca más los gastos básicos supere el 35% de todos los ingresos de la unidad familiar. En segundo lugar, que la crisis sanitaria haya «alterado significativamente las circunstancias económicas de la familia», lo que significa que la carga hipotecaria sobre las finanzas del hogar se haya multiplicado por 1,3 o que las ventas del negocio hayan bajado un 40%.

Y, en tercer lugar, que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.613 euros. Una cantidad que aumenta con cada hijo o persona mayor que se tenga a cargo.

Con poner un requisito, hubiera bastado. Hablamos de un aplazamiento, no de perdonar la deuda y todo esto, además de que resulta incluso complicado de entender para la mayoría, hará que los posibles beneficiados se reduzcan mucho», denuncia la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

El segundo gran problema llega con la documentación. Además de los certificados del paro o del cese de actividad, hay que aportar, por ejemplo, una nota simple del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la familia. No obstante, lo más complicado estos días ha sido conseguir el certificado de empadronamiento de todas las personas que residen en la vivienda. Un trámite que, para quien no tenga firma digital, resulta imposible de realizar con los servicios de atención al ciudadano de los ayuntamiento cerrados.

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