La Comisión para el Seguimiento del Covid-19 constituida en el ámbito judicial desalojó ayer una de las sedes de Alzira para proceder a su desinfección tras tener conocimiento de un posible caso de coronavirus entre el personal del juzgado de instrucción número 3, que hasta el martes se encontraba de guardia. Una unidad especializada trabajó en la desinfección del inmueble ubicado en la calle Ronda de Algemesí, que alberga los juzgados de instrucción 1, 2 y 3, y hoy está previsto que vuelva a abrir con los servicios mínimos establecidos durante la emergencia sanitaria.
El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, cargó con dureza contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, «por su inoperancia y falta de liderazgo» en la actual situación de crisis ya que, según advirtió, la inacción que a su juicio mantiene «deja a los abogados del turno de oficio indefensos». Ferrer denunció que los profesionales que acuden a atender estos días a los detenidos -el resto de la tramitación ordinaria se ha suspendido en los juzgados- se enfrentan a una situación de «grave exposición» ya que tienen que realizar una primera asistencia en sede policial, bien en la comisaría de la Policía Nacional o en algún cuartel de la Guardia Civil, y con posterioridad también en el juzgado.
El colegio, según indicó el decano, ha solicitado que se recurra a la videoconferencia para que los letrados del turno de oficio puedan acceder a las declaraciones sin necesidad de este doble contacto. Agustín Ferrer señaló que si bien en el juzgado la conselleria ha dotado de algunos elementos de protección, no sucede lo mismo en sede policial. «Se está tardando muchísimo en tomar decisiones cuando hay una directriz del ministerio del día 23 que indica claramente que se tiene que hacer por videoconferencia», señaló Ferrer, mientras comentaba que para evitar estas situaciones de riesgo ha dirigido un escrito tanto a la decana de los juzgados de Alzira como a la presidenta del TSJ para reclamar «que se tomen medidas claras, directas y se den órdenes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que no se traslade a los detenidos al juzgado».
«Hay medios suficientes»
«Hay medios más que suficientes para evitar lo que está sucediendo. Se puede realizar por videoconferencia e incluso abogamos porque el letrado pueda hacer la atención desde su domicilio para evitar los traslados y que haya varias personas juntas, pero el poder judicial no reacciona por no acudir a las nuevas tecnologías», lamentó Agustín Ferrer, quien considera que el problema que plantea tiene una fácil solución: «Se solucionaría rápido con una dirección del TSJ a todos los jueces decanos para que se haga todo por videoconferencia», comentó.
En esta línea, recordó que los fiscales están trabajando por teléfono o videollamada «mientras a los abogados se les está obligando a acudir personalmente».
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