El Gobierno está ultimando la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para blindar a las personas o familias que carezcan de rentas suficientes debido al impacto de la crisis del coronavirus. Así lo anunció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá. «El Gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital», afirmó sin dar, no obstante, detalles sobre la cuantía, requisitos, o extensión del mismo. Sí confirmó que el Ejecutivo trabaja en dicha dirección para minimizar el golpe económico del Covid-19 entre los más vulnerables y que próximamente presentarán un proyecto con todos los detalles.
Un ingreso mínimo vital era una de las fórmulas que el Gobierno tenía encima de la mesa desde hace días para llegar a los colectivos que no puedan acogerse a las prestaciones de paro extraordinarias para los afectados por un ERTE, al cese de actividad para los autónomos u otros ingresos aprobados en los últimos Consejos de Ministros. Los ministros de Unidas Podemos han insistido en que el Ejecutivo dé un empujón al proyecto y lo apruebe en la mayor brevedad.
Prevista antes de la crisis
Una medida que el propio ministro Escrivá reconoce que ya formaba parte de los objetivos para la presente legislatura. Antes de que la pandemia estallase, Pedro Sánchez estaba determinado a convertirla en su medida estrella de la legislatura. De hecho, según su entorno, el Gobierno estaba ya trabajando para implementarla este mismo año y ampliarla en próximos ejercicios de forma progresiva. La intención era comenzar con una prestación para familias vulnerables con hijo a cargo. Como las autonomías ya ofrecen distintos tipos de ayuda en este sentido, el Ejecutivo central estaba ultimando el modo de no solaparse con otras prestaciones. En los Presupuestos que el Gobierno iba a presentar para 2020, Sánchez quería incluir una partida de 3.400 millones para sufragar el primer paso de esta medida.
El lunes la vicepresidenta económica Nadia Calviño, señalaba a tres colectivos como los más vulnerables ante la crisis: trabajadoras del hogar, cuidadoras de personas dependientes y parados que hubieran agotado su derecho a prestación. Escrivá confirmó ayer por dónde irán los tiros aunque sin concretar del todo. Es decir, si será a través de una extensión de ese ingreso mínimo vital o mediante prestaciones específicas para los diferentes colectivos vulnerables.
Lo que sí reconoció es que el Gobierno también ultima una especial cobertura para las trabajadoras del hogar, que suman en alta en la Seguridad Social a casi 400.000 trabajadores, carece de derecho a prestación por desempleo en caso de despido. Eminentemente feminizado, hasta ahora había sido uno de los principales olvidados en los paquetes de medidas económicas que han ido saliendo del Consejo de Ministros. Trabajo estudia una prestación que cubra hasta el 70 % de la base reguladora, lo que asimilaría a dichas trabajadoras a las condiciones de un trabajador del régimen general de la Seguridad Social.
Escrivá también aclaró que los autónomos que hayan visto reducida su facturación un 75 % o más están exonerados de pagar las cuotas y cifró en un mínimo de 950 euros la ayuda que percibirán por el cese de actividad.
