Lo que la descentralización autonómica de competencias no había hecho posible hasta ahora lo ha podido la crisis del coronavirus. Las diputaciones de Alicante, València y Castelló han puesto todos sus recursos al servicio de la Generalitat para cerrar filas en torno a un frente común que pretende dar una respuesta coordinada al desafío sin precedentes planteado por la emergencia sanitaria.
El jefe del Consell, Ximo Puig, mantuvo ayer una ronda de reuniones por videoconferencia con los presidentes de las tres corporaciones provinciales. El compromiso fue compartido, sin fisuras: toca remar todos a una, sumar esfuerzos y dejar de lado los colores políticos, con tal de combatir la pandemia y sus repercusiones económicas. Incluso el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), que ha mantenido varios choques competenciales con la Generalitat, mostró una sintonía total con Puig, a quien atribuyó la unidad de mando de la crisis, poniéndose a entera disposición de la administración autonómica.
También la Diputación de Valèncial ha hecho lo propio, ofreciendo todas sus instalaciones y servicios. Desde el inicio del estado de alarma, su presidente, Toni Gaspar, se ha mantenido en segundo plano, con un perfil muy discreto, sin anuncios estrella ni comparecencias. A su juicio, en el contexto actual la labor de la institución provincial ha de ser la de acoplarse a las necesidades del resto de administraciones para estrechar los lazos de colaboración y articular una «coordinación perfecta» desde la lealtad institucional, asumiendo que la emergencia sanitaria implica «un cambio en la manera de funcionar». Gaspar se comunica a través de un canal directo vía whatssapp con los alcaldes de la provincia, a quienes trasladó hace unos días ese mismo mensaje. «No vamos a tomar ninguna decisión ni a lanzar ningún plan extraordinario hasta que pase el estado de alarma, porque lo que se haga ahora puede no valer la semana que viene», recalca el presidente a este diario. «Ahora es el momento de las urgencias, de coordinarse con la Generalitat y el Gobierno, de atender las necesidades de los municipios y de solucionar problemas de los más vulnerables. Todo lo demás puede esperar», remacha.
«Habrá que replantearlo todo»
Gaspar asume que la crisis va a suponer un cambio de paradigma y va a obligar a replantear «todos los programas» en marcha de la diputación, así como la propia manera de funcionar del ente. «Pero primero hay que sentarse con los alcaldes, no nos podemos precipitar», matiza. A la espera de que la Generalitat firme el decreto para inyectar el fondo de cooperación que duplica su aportación a los consistorios, la corporación mantiene los pagos mensuales a los municipios para garantizarles liquidez y ha aplazado el pago de impuestos dentro de su plan de contingencia.
