Los primeros presupuestos del Botànic II estuvieron a punto de abrir una grave crisis en el Consell, con amenazas de dimisión incluidas de cargos de primer nivel a cuenta del reparto de los fondos. Pero hoy, cuando el documento aún no tiene tres meses de vida útil, ha saltado por los aires de tal manera que la gestión y el destino de los cerca de 17.000 millones de euros que se repartieron PSPV, Compromís y Unides Podem es una verdadera incógnita.
Diversos departamentos consultados por ese diario, admiten que con la crisis sanitaria desatada por el coronavirus será necesario reorientar todos los proyectos ya que la previsión de ingresos y gastos ha quedado totalmente pulverizada. De momento, solo hay cabeza para contratos de emergencia o para suministros relacionados con los servicios básicos, sobre todo los de índole socio sanitario.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apuntó hace unos días en una de sus comparecencias que los presupuestos de 2020 irían abocados a un importante ajuste, pero, de momento, no hay ninguna decisión tomada en el departamento que dirige Vicent Soler. Se está trabajando en ello, pero no hay un acuerdo inminente.
Autogestión
De hecho, desde la Conselleria de Hacienda no se ha dictado ninguna instrucción (ni formal ni informal) al resto de conselleries en materia presupuestaria, de tal manera que cada departamento está autogestionando y priorizando que considera más urgente. La causística es enorme ya que hay conselleries que por su negociado están menos afectadas que otras, pero estos primeros diez días de estado de alarma todos los quebraderos de cabeza han estado en la gestión de los recursos humanos.
Este es, según las fuentes consultadas, uno de los problemas más graves que están abordando las conselleries que, en algunos casos, temen una auténtica parálisis en la gestión por falta de manos. Cabe apuntar que la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, cambió de criterio el pasado lunes y dictó una instrucción para toda las conselleries con la exigencia de que solo un 10 % de la plantilla haga trabajo presencial.
El cambio (hasta ese día se había dado libertad a las subsecretarías para que decidieran con qué personal contar presencialmente y a quienes facilitar el teletrabajo) ha trastocado a muchos departamentos, que están recibiendo una avalancha de peticiones de permisos. La orden ha generado malestar porque, apuntan algunos altos cargos, a diferencia de la otra, no fue consensuada.
La cuestión es que la gestión del personal está centrando los esfuerzos de las conselleries, así como cuestiones de emergencia para comprar suministros, contratos de emergencia o, por ejemplo, reordenación de turnos de trabajo para esquivar ERTE en las propias empresas públicas. En medio de esta crisis y de la necesidad de atender lo prioritario, todos los proyectos han quedado aparcados. Algunas conselleries admiten que tendrán que reorientar toda su política y que están a la espera de saber si Hacienda hará un ajuste general o dará manos libres para que con el dinero existente se modifiquen las ayudas e inversiones.
La parte positiva que se destaca desde Hacienda es que al encontrarse en el primer trimestre, mucho del gasto no ha quedado comprometido por lo que hay margen para los cambios. «Si esto hubiera ocurrido en octubre sería un gran problema», admite un alto cargo con mando en plaza.
Así, tanto el capítulo II (gasto corriente) como el capítulo (VI) está prácticamente virgen por lo que hay margen para pagar los suministros y contratos de urgencia, así como para hacer frente a las medidas económicas anunciadas por Puig para hacer frente al parón económico. Cabe apuntar que buena parte del esfuerzo presupuestario del Consell se tendrá que enfocar ahora en tratar de minimizar el impacto del cierre de numerosos negocios y los expediente de regulación de empleo.
