La Federación de Contratistas de la Comunitat Valenciana (Fecoval) denuncia que los ayuntamientos valencianos están cerrando de forma arbitraria obras públicas por la pandemia del covid-19 a pesar de que las empresas están autorizadas por el Gobierno para seguir trabajando. José Luis Santaisabel, presidente de Fecoval, asegura que la policía está actuando de «forma indiscriminada» y lamenta casos como el del Ayuntamiento de València que «la semana pasada ordenó parar y después tuvo que rectificar». Santaisabel advierte de que hay empresas «con más de seis proyectos parados». El representante de la patronal insiste en que quieren seguir trabajando «con todas las medidas de seguridad» y destaca que las 7.000 empresas del sector dan trabajo a 80.000 personas en la Comunitat Valenciana.

José Luis Santaisabel incide en que a pesar del estado de alarma y el confinamiento están autorizados para seguir trabajando siempre que los profesionales estén protegidos con guantes y mascarillas. «Hemos pedido la confirmación a la Delegación de Gobierno y nos han indicado que podemos seguir. El problema son las administraciones locales, que no lo tienen claro a pesar de que excede de sus competencias y nos paran las obras. Nosotros somos los primeros que queremos garantizar la salud de nuestros trabajadores. Tienen todos los equipos necesarios para protegerse», añade el representante de la patronal.

La Generalitat Valenciana sí que mantiene todas sus obras en marcha. «La decisión de parar las obras es del Estado. Si el Gobierno lo hace, que decrete que se trata por una causa de fuerza mayor. Nosotros creemos que la paralización de las obras no haría ningún bien al país. No entendemos por qué hay que dejar de trabajar si los obreros están protegidos ¿Qué sentido tiene parar una obra en la que están un trabajador con una pala y otro con un camión?», añade Santaisabel.

Un segundo problema que están teniendo las empresas es el traslado de sus empleados. La Guardia Civil y las policías locales no permiten que vayan cinco o seis en una misma furgoneta (como suelen ir las cuadrillas) y están imponiendo multas de hasta 600 euros por cada ocupante. «No tiene sentido. Estos vehículos no son para transporte particular. Los trabajadores van uno por fila y llevan mascarilla y guantes. Nos sentimos indefensos ante unas normas que no están claras», lamenta Santaisabel.

El presidente de Fecoval reitera: «Si hay que parar se para, pero no tiene sentido tirar a los trabajadores al paro sin una justificación. Nosotros intentamos mantener la actividad. Ninguna de nuestras empresas ha presentado un ERTE». José Luis Santaisabel indicó que de momento no están teniendo problemas con los suministros, pese a que algunos almacenes están recibiendo la visita de la policía a pesar de que pueden seguir abiertos.