El Tribunal Superior de Justicia defendió ayer que en los últimos días ha multiplicado las gestiones para facilitar el uso de videoconferencias en las declaraciones de los detenidos, al objeto de evitar su traslado a los juzgados y reducir el contacto entre personas, pero advirtió al mismo tiempo que la presidenta del TSJCV no puede ordenar a los jueces de guardia que utilicen este sistema «pues forma parte de una decisión jurisdiccional que corresponde a cada juzgado en el ámbito de su independencia, como garante último de los derechos fundamentales de todo detenido».
El TSJ salía así al paso de las críticas del decano del Colegio de Abogados de Alzira, que había censurado la pasividad de Pilar de la Oliva en la toma de decisiones para garantizar la seguridad. Fuentes del TSJ indicaron que De la Oliva ha realizado gestiones con la Policía Nacional y la Guardia Civil para resolver los problemas técnicos y dijeron no entender las críticas de Agustín Ferrer cuando tras recibir el miércoles la petición del Consejo Valenciano de Abogados solicitando el uso de videoconferencias, se había facilitado un intercambio a nivel técnico para hacerlo efectivo.
