El grito desesperado que ha lanzado el personal médico valenciano por la falta de medios para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19 se quedará de momento en los juzgados y su recorrido es incierto. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció ayer que la Generalitat presentará escrito de oposición después de que varios juzgados hayan acordado medidas cautelarísimas para proveer de forma urgente a los centros hospitalarios de material de protección.
Los juzgados han dado un plazo de 10 días para que Sanidad informe. La Conselleria trasladará en su escrito de alegaciones las gestiones que se han realizado en las últimas dos semanas con distintas empresas y países, además de las compras acordadas para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Según confirmaron fuentes judiciales, la Abogacía de la Generalitat pedirá a los juzgados que convoquen una vista para escuchar los argumentos de las partes y tomar una decisión en consecuencia.
Las sesiones tendrán lugar en unas semanas y la Generalitat defenderá las actuaciones realizadas desde que empezó la crisis y las dificultades para adquirir material sanitario tras el decreto de estado de alarma que limita las competencias de las autonomías.
El jueves dos juzgados de València y Alicante requirieron a la Conselleria para que enviara de forma urgente equipos y elementos de protección individual tras las peticiones formuladas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la C. Valenciana (Cesm-CV).
Además, un tercer juzgado de Castelló se sumó ayer a la petición para que la Administración provea «con carácter urgente e inmediato, en cuanto sea posible», según consta en el auto difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. Entre los equipos y elementos de protección requeridos a las autoridades para garantizar la salud de los profesionales figuran expresamente batas impermeables, mascarillas de tipo FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores.
Por el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la petición porque la demanda de los sindicatos médicos no hace referencia a la vulneración de derechos fundamentales. No obstante, matizaron ayer fuentes del ministerio fiscal en València, la fiscalía está al corriente de la petición y se personará en la vista que solicitará el Consell si se amplían las demandas.
Estas demandas se siguen por la jurisdicción Social para garantizar las condiciones de trabajo. Las consecuencias que puedan tener las medidas cautelares son inciertas, pues la Conselleria defiende que está haciendo todo lo que está en su mano, en un contexto de crisis global, para traer material de China y suministrarlo.
No obstante, según fuentes judiciales, las demandas abren la vía penal para investigar por negligencia a las autoridades sanitarias, aunque parece poco probable que prosperen. El sindicato médico no descarta presentar una querella, aunque la decisión final dependerá de si reunen indicios de una gestión negligente.
