Las medidas adoptadas por el Gobierno han provocado el rechazo de la patronal, que ve en ellas un impedimento para asentar «las bases de la necesaria recuperación económica de España» y considera que «llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo». Así lo manifestó CEOE y Cepyme en un comunicado conjunto tras el Consejo de Ministros. Las entidades patronales se han visto señalados por la medida y rechazaron «de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado».

Y ante la crítica de las patronales, el aplauso de los sindicatos. «Nadie puede aprovecharse de esta situación para despedir porque los agentes sociales acordamos medidas para que las empresas no utilicen esta fórmula durante esta crisis. Los erte son la alternativa a los despidos y las empresas deben apostar por esta cuestión», manifestaron CC OO y UGT en un comunicado conjunto. No obstante, también recordaron que todavía hay colectivos que están excluidos de las medidas excepcionales habilitadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus y urgieron a aprobar cuanto antes ayudas para las trabajadoras del hogar, las cuidadoras y los parados sin derecho a prestación.

El Gobierno ha ido cerrando sendas y con las medidas de ayer le mostró a las empresas que los ERTE son el camino. Para agilizar dichos procesos y dar salida a los más de 200.000 expedientes que están realizando las empresas por toda España, el Gobierno dispuso ayer que la autoridad laboral autorizará automáticamente todos aquellos expedientes que acrediten causa de fuerza mayor. Desde el Ejecutivo consideran que las medidas excepcionales adoptadas, como eximir a las empresas de entre el 75% y el 100% de las cotizaciones y la cobertura universal de prestación para los trabajadores afectados, son suficientes para que las compañías capeen la parálisis económica ocasionada por el covid-19.

Será la Inspección de Trabajo, a posteriori, la que revisará si los expedientes se ajustan o no a la legalidad. En caso de que no lo hicieran, las empresas deberán retornar el importe de las cotizaciones sociales de las que les eximió excepcionalmente el Gobierno central.