El gestión de la Generalitat Valenciana por la emergencia sanitaria de la covid-19 ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El abogado Mariano Lorente, del despacho Lorente Abogados, ha presentado una denuncia contra el president Ximo Puig, el alcalde Joan Ribó, la delegada del Gobierno Gloria Calero, entre otros cargos públicos, por permitir las concentraciones de Fallas y la manifestación del 8-M.
Según consta en la denuncia, este letrado valenciano atribuye a los denunciados los presuntos delitos de prevaricación, lesiones imprudentes y otro de homicidio imprudente por no tomar "medidas tempranas" para contener los contagios.
La denuncia también se dirige contra el concejal de Cultura Festiva de València Carlos Galiana, así como contra José Roberto González Cachorro, subdelegado del gobierno en la provincia de València. Se ha presentado ante alto tribunal valenciano por la condición de aforado del jefe del Consell. La sala de lo civil y penal todavía no ha abierto diligencias, han aclarado fuentes judiciales.
"Según la evolución de los casos y las recomendaciones emitidas, considera esta parte que fue crucial para el desarrollo de la enfermedad la celebración de los actos multitudinarios que tuvieron lugar a principios del mes de marzo, por motivo tanto del día internacional de la mujer como de los festejos falleros", recoge el escrito de Lorente.
El escrito cita diversos artículos de prensa con declaraciones públicas de los denunciados, así como un listado de cada mascletà que se disparó en la plaza del Ayuntamiento y la empresa pirotécnica responsable. También analiza la evolución del virus desde que a finales de diciembre se detectó en China.
"En la celebración de todos estos eventos, existía un alto riesgo de exposición y trasmisión del virus, debido a la aglomeración y contacto estrecho entre las personas, muchas de ellas procedentes de diferentes puntos geográficos", recoge la denuncia. Mariano Lorente subraya que "no obstante lo anterior en modo alguno impidió que los actos se llevaran a cabo, poniendo en peligro la salud de todos los asistentes y fomentando la propagación del virus".
Sin embargo, el escrito no cita el alcance de las lesiones o la relación causa-efecto entre la autorización de las concentraciones y el homicidio imprudente que denuncia. La actividad judicial está suspendida y el alto tribunal todavía no ha tomado una decisión sobre la denuncia. La Fiscalía Superior de la C. Valenciana deberá emitir un informe para determinar si apoya la denuncia.
Lorente es un conocido penalista valenciano, con una extensa trayectoria profesional, y es el abogado del exconcejal del PP Cristóbal Grau en el caso Taula. En esta investigación acusó a la Guardia Civil en un escrito de ocultar al juez el estado de la salud mental de la exconcejal María Jose Alcón, ya fallecida, tras reconocer los hechos por teléfono con una conversación con su hijo.
También responsabilizó a los forenses de los juzgados de emitir "un informe carente de todo rigor, en relación a una persona -la exedil Alcón- cuyo fatal desenlace hemos podido comprobar". Pidió el archivo de las diligencias pero Grau sigue figurando como investigado. En esta causa también se ha alineado con el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València detenido por presunta corrupción, para anular judicialmente la grabación de Alcón.
Es la primera denuncia por la vía penal que se presenta contra Puig y Ribó por no evitar las concentraciones durante los primeros días de marzo. Las denuncias presentadas por el personal médico ante la falta de medios se instruyen por juzgado de lo Social, es decir, por no garantizar la seguridad en su trabajo. Tres juzgados de Alicante, València y Castelló han instado a la Conselleria de Sanidad a proveer de manera urgente de elementos de protección a los hospitales y Sanidad anunció el viernes que presentará escrito de oposición. Hay más de 600 sanitarios infectados en la C. Valenciana, según datos oficiales.
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