El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig aprovechó la reunión de ayer con pedro Sánchez para reclamar una serie de medidas económicas ante el riesgo de colapso de la Administración autonómica. Puig solicitó que se active ya el FLA extraordinario, es decir, que se financie el déficit de 2019 a las comunidades, urgentemente, y que adelante 2.200 millones de euros a la Comunitat Valenciana para disponer de liquidez y hacer frente a las deudas con proveedores en un momento de crisis como el actual.

A su juicio las autonomías «no pueden ser un problema, sino parte de la solución», pero, para ello, tienen que poder pagar a sus proveedores, reiteró.

«Hablamos de unos 2.200 millones de euros que podríamos poner en circulación gracias a estas medidas», razonó en la rueda de prensa celebrada en el Palau tras la reunión con el presidente Pedro Sánchez.

Además, Puig explicó durante su comparecencia que ha trasladado al presidente del Gobierno su «apoyo total» a la postura del Ejecutivo estatal respecto al papel que debe asumir la Unión Europea, y reivindicó en este sentido la necesidad de «unidad de acción» con el fin de «cambiar las reglas del juego» y no obtener una respuesta propia «del pasado».

El responsable del Consell solicitó así que la UE reaccione aprobando un Plan Marshall que contemple una «inversión potente» con la que poder afrontar la reconstrucción tras la crisis sanitaria, económica y social a la que aboca la pandemia.

El jefe del Ejecutivo valenciano indicó, asimismo, que Europa debe «trabajar unida» con todas las instituciones para «garantizar la cohesión social y territorial». «Nos jugamos el futuro de Europa» y también «el de la propia humanidad», es decir, la persistencia de los valores que la aseguran, defendió.

La Generalitat Valenciana reconoce que el contexto actual no es el mejor para poner en marcha la negociación del nuevo sistema de financiación. En cambio, Puig exigió estas medidas al Gobierno central para garantizar la igualdad entre los ciudadanos españoles en la asistencia socio-sanitaria, pues el territorio valenciano es uno de los más perjudicados por el actual sistema de financiación.

Las medidas supondrían poner en circulación los 2.200 millones euros solicitados por el Consell. El Gobierno no ha aclarado si pondrá en marcha medidas extraordinarias para las autonomías.