No es un capricho, es una necesidad. Las personas con discapacidad son un colectivo de riesgo ante la covid-19. Necesitan ser muy cautos en las precauciones ante el virus pero hay personas del colectivo a las que no salir de casa por tiempo indefinido puede suponerles «episodios de colapso personal con grave afectación de su conducta, de sus condiciones de salud y de bienestar psicofísico y emocional». Así lo aseguran entidades como el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV). De hecho, el Cermi le ha pedido al Ministerio del Interior que precise «con urgencia» las condiciones en las que determinadas personas con discapacidad pueden acceder a la vía pública durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia de la covid-19.

Sin embargo, y mientras el Gobierno especifica quienes sí y quienes no, hay familias que no pueden esperar y dan cortos paseos para evitar males mayores. Eso sí, el Cermi recomienda que lo hagan «con la documentación debajo del brazo ya que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no han recibido instrucciones al respecto».

Por ello, la entidad plantea a Interior que dicte una instrucción dirigida especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al resto de autoridades y agentes que actúan como fuerza pública y agente de la autoridad en estos momentos «para garantizar seguridad jurídica al trabajo que desempeñan, así como al ejercicio del derecho de salir a la calle de determinadas personas con discapacidad, evitando situaciones de conflicto no queridas por nadie». Dicho texto debe establecer que «se entiende como situación de necesidad la de aquellas personas con discapacidad o con enfermedades que por razones perentorias asociadas a estas situaciones precisen abandonar su domicilio diariamente por un tiempo y acceder a la vía pública, como indicación terapéutica y de tratamiento de su discapacidad o condición de salud».

Sin embargo, y hasta que esta comunicación oficial llegue, el Cermi recomienda que cada familia afectada salga a la calle con tres papeles impresos: el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma -principalmente el artículo 7 que marca como excepciones a las personas con discapacidad para poder salir a la calle-; el certificado que indica el grado de discapacidad reconocido por la Generalitat Valenciana; y un documento de facultativo sanitario o social que declare la situación de salud del paciente. «Con eso, debería ser suficiente hasta que se amplíe o detalle la información porque hay muchas familias al límite», afirman.

Campaña de concienciación

El otro «problema» que han detectado entidades como el Cermi es la «presión» que sufren quienes salen a dar su «paseo de excepción» con su familiar con diversidad funcional. Intentan ignorar los gritos o insultos vecinales, pero cada día hay más críticas. Y es que las redes sociales reflejan insultos que han recibido, por ejemplo, desde menores con TEA (Trastorno del Espectro Autista) hasta mayores con problemas de salud mental que pasan desapercibidos a simple vista.

«Se sienten diferentes, se sienten discriminados y encima... salen a pasear y escuchan como la gente les grita barbaridades desde sus balcones. Si esto sigue así precisaremos de una campaña de concienciación que no debería hacer falta porque la ciudadanía debe entender que desconoce cada caso, cada circunstancia». Por ello, desde el Cermi piden «respeto» y «empatía» para «no ponérselo aún más difícil a muchas familias». «La discapacidad es la gran desconocida... Por eso pasan estas cosas y es muy lamentable», recalcan.

El objetivo se centra ahora en conseguir una «aclaración oficial» por parte del Ministerio de Interior para que no hay «malentendidos» y se pueda garantizar tanto el trabajo de la policía como el derecho de los más vulnerables a salir un rato a la calle para no colapsar con conductas disruptivas tras días y días de encierro.

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