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La precariedad se ceba un poco más con miles de trabajadoras domésticas

Con empleos mal pagados, sin derecho a paro y algunas hasta sin papeles, muchas son doblemente vulnerables por el confinamiento

La precariedad se ceba un poco más con miles de trabajadoras domésticas

La precariedad se ceba un poco más con miles de trabajadoras domésticas

Trabajar de interna significa dejar de ser una persona y convertirte en un trasto más de la casa. Controlan el tiempo que estás en la ducha, lo que puedes comer y lo que no. Te obligan a vivir sin privacidad, siempre con la puerta abierta, sin un lugar para dejar tus cosas más allá de un huequecillo en el armario. Te necesitan 24 horas, siete días a la semana, aunque no estés haciendo nada, siempre alerta, siempre a disposición. Y si protestas, te amenazan. «Eres ilegal, tú no tienes derecho a nada más que a trabajar y a descansar en la casa». Te vulneran, te presionan, te criminalizan, te humillan. Así vivió Helena 14 meses de su vida lo que define como «la esclavitud moderna».

Ahora, confinada por el coronavirus en su vivienda, asegura que puede salir más a la calle que antes. Helena es un heterónimo. Tiene cara, un nombre real y una historia. Llegó de Colombia con 23 años y ahora tiene 25. Lo que no tiene son papeles, espera conseguirlos pronto y retomar sus estudios. Pero hasta entonces le toca vivir así; bajo el radar, explotada, vulnerada.

La historia de Helena es solo un ejemplo de lo que significa ser una trabajadora del hogar en España. Ellas son el río subterráneo que no vemos, pero que está ahí. Las que cuidan de nuestros mayores, niños y dependientes para que podamos llevar una vida normal. Y pese a que su función es vital para nuestra sociedad, las tratamos como trabajadoras de segunda, sin derecho a paro, pagándoles una parte de la jornada en b, o directamente toda. Un escenario de precariedad laboral que se ha acentuado aún más en tiempos de coronavirus.

Un rosario de despidos

La epidemia ha traído un rosario de despidos e incertidumbre al sector del trabajo doméstico. Más grave si cabe cuando ellas (el 96 % son mujeres migradas) no tienen derecho a prestación por desempleo. En total son 600.000 mujeres en España, y se calcula que solo 400.000 cotizan a la Seguridad Social. Un caso «afortunado» ha sido el de Dolores Jacinto, secretaria de la Asociación Intercultural de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (AIPHYC). Su empleadora ha decidido que se tenía que tomar las vacaciones durante la epidemia, algo que es ilegal. «Cuando mi jefa me dijo 'tómese unas vacaciones' dentro del enojo y la frustración de y tener que callarte y tragar, prefería aceptar y que me las pagaran a quedarme sin ningún sueldo. Ahora al menos estoy pagando gastos». Jacinto compagina su trabajo como limpiadora con el de hostelería, pero recientemente fue despedida a causa del cierre de comercios provocado por el coronavirus.

Sueldos precarios

«Las cuidadoras de personas dependientes, o las residencias especializadas son muy caras, por eso mucha gente contrata a una trabajadora del hogar, porque le sale mucho más barato» asegura Jacinto. Tan barato como 450 euros, que es lo que cobra ella por limpiar y cuidar en un piso de Blasco Ibáñez. Eso sí, 240 en b y solo 210 cotizados. Helena cobraba 800 euros por su trabajo de esclava moderna. Como estaba en situación irregular ni siquiera cotizaba.

Dolores (otro heterónimo) reside legalmente en España y trabaja en una urbanización cercana a València copada por personas de muy alto poder adquisitivo. A pesar de que le pagan poco, la parte de la seguridad social de su contrato la pone ella cada mes de su bolsillo. Fue despedida el pasado lunes por un mensaje de wattsap, como ella muchas cuidadoras de la urbanización corrieron la misma suerte, algunas (sin papeles) sin cobrar lo trabajado ese mes.

Pese a todo, y dentro del escándalo que supone tener un chalet de lujo y no pagar la seguridad social de tu limpiadora, ninguna de estas mujeres tiene miedo de salir a la calle mientras trabaja. Al miedo al contagio se le ha añadido estos días el temor a una orden de expulsión. Es importante señalar que una buena parte de las trabajadoras del hogar son migrantes sin papeles que están haciendo recados en unas calles donde los controles policiales se han incrementado.

Ante esto, Dolores Jacinto apela a la empatía de las empleadoras. «Les decimos que se lo expliquen a los jefes y que intenten evitar este tipo de actos. No solo nos exponemos a una multa porque no tenemos contrato ni manera de justificar nuestra actividad laboral, sino que nos jugamos una orden de expulsión y ser deportadas a nuestro país cuando esto pase» cuenta.

Ni hablar de derechos

Acercarse a AIPHYC y conocer sus derechos fue lo que sacó a Helena de aquella casa en la que vivía encerrada antes del coronavirus. «Cuando conocí mis derechos aunque fuera irregular en España y comencé a mencionárselos a mi empleadora mi relación cambió muchísimo con ella. Comenzó a verme como a una enemiga y una desagradecida. Como si ellas nos hicieran un favor a las chicas que venimos en esta situación, y es verdad que nos contratan, pero aún así nos vulneran, nos tratan de ilegales, nos humillan... Al final terminé porque le planté cara a la mujer,tuve que salir de la casa y dejar todo. Encima sin recibir la paga que me debía» asegura.

«No vengas más»

El caso de Jacinto es similar, según cuenta, su labor como activista le ha cerrado las puertas de algunos trabajos. « Recuerdo hace un par de años en Guillem de Castro, me contrataron sin darme de alta en la Seguridad Social porque eran muy poquitas horas. A las dos semanas de estar trabajando mi jefa me escuchó hablar de derechos por teléfono con una compañera, y me dijo 'no vengas más'. He perdido varios trabajos por esto, pero me he acostumbrado y antes de nada ya digo a mis empleadores directamente a qué me dedico y lo que hago».

Camino por recorrer

La realidad es que queda mucho por andar en materia de derechos para las trabajadoras del hogar. En un comunicado de AIPHYC, denunciaron ser «las excluidas de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19, aprobadas por el gobierno el 17 de marzo». Lo cierto es que días después, el gobierno rectificaba y hacia público su intención de crear un sunsidio de desempleo para el colectivo.

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