La Autoridad Portuaria de València (APV) celebrará este próximo viernes una reunión de su consejo de administración. Pero será un encuentro telemático y para abordar «cuestiones de trámite», según reconocieron ayer fuentes de la entidad presidida por Aurelio Martínez. Los asuntos importantes deberán esperar porque el impacto del coronavirus dilata el largo proceso de adjudicación de la nueva terminal de contenedores del recinto del Grao, cuyo máximo órgano de gobierno preveía resolver a finales del primer semestre de 2020.

La APV todavía debe incorporar,o no, las alegaciones que ha recibido el proyecto de instalación de la operadora de terminales marítimas TIL-MSC y cuya inversión se sitúa en torno a 1.100 millones de euros. El muelle para contenedores permitirá al Puerto de València pasar de 7 a 12 millones de TEU (unidades de contenedor de veinte pies). Puertos del Estado, entidad del Ministerio de Fomento y ahora pilotada por Francisco Toledo, expresidente del Puerto de Castelló, ya cuenta con las alegaciones al proyecto de ampliación de la naviera italosuiza.

Además, siguen pendientes las adjudicaciones de las primeras parcelas de VPI Logística, sociedad gestora de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto. Allí quieren instalarse Raminatrans, QA Pimba, MSC y Medlog.

Y el Ejecutivo central ha contestado al senador Carles Mulet (Compromís) que quiere «trabajar con la Generalitat para garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación del Puerto, incluida, en su caso, la renovación del estudio de impacto ambiental, a fin de asegurar que cualquier actuación se produzca con todas las garantías necesarias». Compromís exige otra Declaración de Impacto Ambiental (DIA).