El Gobierno paralizará los desahucios durante seis meses. Así como impondrá una prórroga automática de los contratos vencidos durante la crisis sanitaria también por un plazo seis meses, de manera que nadie pueda quedarse sin techo durante el periodo que dure la epidemia de coronavirus y los efectos económicos que implica. «El presidente nos encargó a los ministerios que no dejáramos a nadie atrás en esta crisis, sobre todo a todas aquellas personas más vulnerables y que viven de un alquiler», señaló el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en rueda de prensa para comentar las últimas medidas del Gobierno. Ábalos confirmó que hoy se lleva toda una batería de medidas relacionadas con el arrendamiento al Consejo de Ministros, que cuentan con el apoyo de los ministerios de Economía y Hacienda y, finalmente, con el respaldo de Unidas Podemos, según la formación morada.

Las propuestas sobre el alquiler también incluyen a los grandes propietarios, aquellos que tienen más de ocho viviendas. El Consejo de Ministros estudiará una moratoria de cuatro meses para los inquilinos en situación de vulnerabilidad, que son aquellos que tienen que destinar más de un 40 % de la renta que perciben al arrendamiento de su casa. Los inquilinos afectados por la moratoria tendrán varios años para hacer frente al pago aplazado. En este caso, había alguna diferencia con Podemos, que respalda la suspensión directa de la renta o en el caso de una moratoria que los tenedores tengan que efectuar una quita sobre esa deuda si es que no se puede pagar.

Pequeños propietarios

Esta medida, destacan fuentes de Transportes, puede alcanzar también a algo más del 85 % de las personas que viven en régimen de alquiler en España en viviendas de pequeños propietarios. Las personas afectadas por la crisis sanitaria y que necesiten pedir un microcrédito para pagar el alquiler podrán recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tendrá un plazo para devolverlo de entre tres y seis años. Esta fórmula, en todo caso, evita acudir al sistema financiero tradicional y que el Estado tenga que avalar los créditos.

Transportes también planteará que las personas o familias que se vean abocadas a la quiebra por la actual situación no dejarán de tener una vivienda. Se movilizará una partida del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 500 millones de euros para actuar sobre esa situación. Fuentes consultadas señalan que además de esos recursos, existe una línea de 300 millones de euros destinada a la Comunidades Autónomas que también podrán movilizarse para paliar esa situación.

Con este paquete de medidas que debe aprobar hoy martes el Gobierno, se pretende dar respuesta a las demandas al respecto planteadas después de que en el primer paquete de medidas económicas ya se incluyeran ayudas al pago de hipotecas. Desde diferentes colectivos y algunos partidos políticos se insistió en que las iniciativas del Ejecutivo llegaran también al alquiler, puesto que los colectivos más vulnerables se encuentran en ese ámbito e la vivienda. Se fijaron dos posición distintas dentro del Gobierno con respecto a los alquileres: Unidas Podemos se ha manifestado a favor de que se suspendan los arrendamientos y las personas afectadas por la crisis no tengan que hacer frente a las rentas. Desde el PSOE, sin embargo, se ha considerado que no merecen el mismo tratamiento los pequeños propietarios que los grandes tenedores, fondos de inversión, bancos y socimis.

Las diferencias se han ido puliendo durante la última semana. De hecho, se esperaba que las medidas que se llevan a la reunión de hoy se aprobaran ya en el consejo extraordinario del viernes. Ha hecho falta más tiempo par consensuar una postura, aunque todavía existen diferencias entre las dos fuerzas. Uno de los puntos abiertos reside en la forma en que se saldaría la deuda que se acumule con los cuatro meses de moratoria del pago que se pretende permitir a los inquilinos de los grandes propietarios de pisos.