El estado de alerta sanitaria que obliga a quedarse en casa no ha impedido que una familia de Sagunt recibiera un aviso de una empresa que le apremiaba a devolver hoy mismo las llaves de su vivienda, tal y como las dos partes habían acordado en el juzgado el pasado mes de febrero después de que la firma iniciara un procedimiento de desahucio por el impago del alquiler.
Tanto los afectados como su abogado, Jorge García, piensan que no hay nada que temer, ya que el decreto aprobado el pasado día 14 llevó a la suspensión de los actos administrativos y de todas las actuaciones judiciales no urgentes. Es más, ayer trascendió que el Ministerio de Transportes iba a proponer hoy al Consejo de Ministros que el Estado paralice durante seis meses todos los procesos de desahucio por impagos, incluidos los iniciados antes de la pandemia.
Aún con esa confianza en tener la razón, la vecina afectada veía «indignante» que «haya empresas» como la dueña de su piso «que actúen así y, en pleno estado de alarma, quieran ejecutar un desahucio como si no supieran que ahora justamente es obligado quedarse en casa». Además, confesaba que, desde que ese mensaje de Whatsapp les inquietó. «Desde el viernes que no pienso en otra cosa y todo es darle vueltas a la cabeza. Me han generado un estado de ansiedad tremendo por si al final venía la policía y nos tiraba precisamente ahora», decía esta mujer de 29 años, que vive en el piso con su marido de 52 y su hija en edad preescolar. Aún así, su abogado descartaba de plano una actuación policial «cuando en el juzgado llegamos a un acuerdo», puntualizaba Jorge García a preguntas de Levante-EMV.
Ese aviso en ningún caso era esperado por la familia, después de que el decreto del día 14 dejara en punto muerto sus gestiones para buscar otra vivienda por Sagunt o alrededores y que su hija siguiera sus clases en un colegio local. «Espero que, cuando pase el estado de alarma, me den el tiempo que yo no he tenido para buscar otra casa», apuntaba Astrid Aragua antes de que trascendiera la medida que prevé aprobar el Consejo de Ministros.
La mujer admitía que, hasta el día 14, esa búsqueda era difícil, teniendo en cuenta los «bajos» ingresos familiares y que el Ayuntamiento de Sagunt ya le advirtió que no tenía disponible ninguna vivienda de alquiler social. «Eso es lo que mejor nos vendría. En el juzgado firmé un acuerdo comprometiéndome a pagar todo el año de alquiler que debía. Pero ahora no podríamos meternos en algo como esto, de 450 euros al mes. No nos llega», admitía la mujer, además de reconocer que en los últimos meses han podido salir adelante con ayudas de los Servicios Sociales municipales. «Yo no sabía ni que existían. Era autónoma y gestionaba un bar, pero en enero de 2019 recibimos el aviso del ayuntamiento de que no tenía licencia de actividad, así que tuvimos que dejarlo, dejando claro que habíamos sido ajenos a eso», contaba esperando que el fin del estado de alarma les traiga «tiempo para buscar casa y más suerte».
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