El Gobierno ejerció su autoridad para declarar el estado de alarma el 14 de marzo. Era su facultad y la utilizó. Podía haber informado previamente a las comunidades autónomas, que también son Estado, pero prefirió hacerlo al revés: anunciar la excepcional medida y telefonear después a los presidentes de los territorios. La escenificación de esas primeras horas fue de autoridad. Los presidentes autonómicos de partidos nacionalistas protestaron porque el autogobierno de los territorios quedaba, esa fue la primera impresión, tutelado.
Para el catedrático de Derecho Constitucional Vicente Garrido, fue un error ignorarlas. En todo caso, ya es pasado. Hoy, poco tiene que ver aquella estampa con la última comparecencia de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros del domingo. Apeló a la unidad de acción y rechazó que cada comunidad pueda adaptar a su realidad el decreto que endurece el confinamiento, pero no se cansó de valorar la cooperación y coordinación con las autonomías.
Entre las intervenciones de Pedro Sánchez de los días 13 y 14 y la última de la ministra portavoz media la asunción práctica de que la administración pública de la España de 2020 no funciona sin las comunidades autónomas. Y más en una cuestión como la sanidad, que lleva décadas transferida a las regiones. Se ha comprobado en los problemas para la compra de material de protección y otros equipamientos sanitarios a gran escala. Aún se está a la espera de que esa gran compra se haga efectiva. Ha quedado manifiesto en esta crisis que Sanidad es «un ministerio de mentiras». La expresión es de un cargo del Ejecutivo central. Es así porque no contaba ni con estructura de personal ni experiencia técnica para una operación comercial de esta magnitud (más compleja si cabe por la gran demanda mundial de estos productos).
Para el sociólogo Vicent Flor, «gracias a las comunidades esta crisis no está siendo peor. La centralización de una competencia como la sanidad ha sido ineficaz e irresponsable».
Al final, el mismo Gobierno que se mostró reticente a la adquisición de material por las comunidades ha acabado impulsándola a la vista de que algunas de ellas sí cerraban operaciones con éxito. Ha sido el caso de la C. Valenciana, que logró hacer aterrizar un avión con equipos procedentes de China a principios de la semana pasada y espera otros esta semana. La iniciativa se gestó con absoluta discreción. Por prudencia por si no prosperaba y, también, por si soliviantaba al Ejecutivo central.
La posición de Puig y el Consell
El presidente valenciano no se ha salido del renglón del apoyo a Sánchez en ningún momento en estos quince días, si bien ha reclamado recursos y equipos sanitarios en prácticamente todas sus comparecencias, casi diarias. Ha mostrado también perfil propio en las conferencias de presidentes autonómicos, ese órgano que llevaba sin ser convocado desde enero de 2017 y que ha celebrado tres en dos semanas, aunque por videoconferencia.
La realidad es que a estas alturas de la crisis, cuando la Comunitat Valenciana se acerca a su pico de contagios, no ha recibido los respiradores comprometidos por el ministerio, esenciales para poder ampliar el número de camas de UCI y que no colapse el sistema (así lo admitió Puig este fin de semana), ni los test rápidos, ni ha contado con financiación adecuada. Ha recibido un adelanto de las entregas a cuenta de 111 millones, «muy insuficiente», según el Consell, que ha calculado en 2.200 millones la cantidad necesaria para hacer frente a los gastos actuales de la pandemia.
De momento, la Generalitat espera conseguir por su cuenta una cantidad pequeña de respiradores hoy mismo, en el avión que llega de China, aunque tiene pedidos 200. Está por ver si en el siguiente envío comprometido a través del empresario chino de Ontinyent llegan más. En cuanto a la situación económica, se continúa a la espera, poniendo también la vista en Bruselas.
El escenario puede interpretarse como una cura de humildad del Gobierno, pero en el gabinete de Moncloa realizan también la lectura inversa. Lo decía el ministro valenciano José Luis Ábalos el pasado domingo en una entrevista con Levante-EMV: las autonomías también se la juegan, porque deberán demostrar que la sanidad está bien descentralizada.
Vicente Garrido niega el punto de partida, «la teoría de por qué el Estado lo va a hacer mejor». Lo que corresponde ahora es coordinación y política concertada, afirma. Lo que falla, dice, es que no exista una ley de cooperación autonómica, propia de estados federales, que nunca ha prosperado.
La lección a aprender es una «lógica federalizante», abunda Flor, director de la Institució Alfons el Magnànim. Porque «desde las Cortes de Cádiz, exceptuando ahora y parcialmente la II República, ha habido centralismo. ¿Cuándo ha sido eficaz? Yo creo que nunca». El debate queda más abierto con esta crisis.
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