Ejemplaridad entre las direcciones de las empresas públicas de la Comunitat Valenciana para evitar fraudes como el de los cuatro millones de euros de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València.
Es una de las conclusiones a la que llega la memoria anual de la Agencia Antifraude que este lunes entregó en el Parlamento valenciano su director, el abogado Joan Llinares. El documento constata una reducción del número de denuncias presentadas (168 en 2019, frente a 181 en 2018 y 35 en 2017), y el uso masivo del buzón de denuncias (un 76 % del total), como herramienta anónima y segura que este organismo pone a disposición de todo los ciudadanos.
La mayoría de denuncias están relacionadas con la gestión de recursos humanos y la contratación pública, con un 40 % y un 25 % del total, unas cifras que representan dos tercios de todos los escritos presentados. Además, durante el ejercicio 2019 se han tramitado diez solicitudes de otorgamiento del estatuto de persona denunciante, habiéndose concedido dicho estatuto en cinco ocasiones, según consta en el documento.
La memoria también dedica un apéndice en el apartado de conclusiones al análisis de la estrategia de integridad pública en las empresas públicas tras el caso de la EMT, uno de los fraudes más destacados de 2019. Esta empresa pública sufrió una rocambolesca estafa tras engañar unos delincuentes desconocidos a una funcionaria y convencerla para que trasfiriera 4 millones de euros a China sin que nadie lo advirtiera.
La memoria razona que «es necesario impulsar el marco de integridad de las empresas públicas que deberá incluir, en todo caso, protocolos de funcionamiento interno y actuaciones de control eficaces y eficientes para evitar malas praxis administrativas, fraude y/o corrupción». «Casos tan mediáticos como el fraude de la EMT ponen en evidencia la ausencia de estos protocolos», advierte.
