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Bravo mantiene su idea de permisos recuperables pese a las resistencias en el Consell

Varias subsecretarías se oponen a la propuesta y a certificar quién trabaja y quién no - El Gobierno dice que el decreto no es aplicable, pero la consellera sostiene que tiene margen UGT y CC OO lo apoyan

Bravo mantiene su idea de permisos recuperables pese  a las resistencias  en el Consell

Bravo mantiene su idea de permisos recuperables pese a las resistencias en el Consell

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, está encontrando serias reticencias internas en su decisión de aplicar al personal empleado público de Generalitat el nuevo decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que regula los permisos retribuidos hasta el 9 de abril para quienes no realicen servicios esenciales. Sin embargo, en principio, no tiene previsto ceder y mantiene su idea.

Tal como adelantó ayer este diario, Bravo, que tiene las competencias en función pública, remitió un escrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para que le aclare si la orden es aplicable para aquellos funcionarios y funcionarias que realizan tareas esenciales en la Generalitat y, por lo tanto, están en casa sin cometidos específicos u urgentes. Bravo quería saber también si el Gobierno tenía en mente ampliar el decreto para este personal en caso de que no estuviera incluido.

Contratiempos

El primer contratiempo para la titular de la Conselleria de Justicia ha venido de la mano de la Secretaría de Estado de Función Pública, quien firma un escrito que circulaba ya desde ayer en ámbitos ministeriales en el que se aclara que el decreto del Gobierno para reducir aún más la movilidad de la ciudadanía tiene aplicación en el ámbito privado y no en el ámbito de los empleados públicos de cualquier Administración. Para ellos, aclara, ya rigen las instrucciones relativas al teletrabajo, turnos, etc, e indica que no es necesario un nuevo decreto específico.

Fuentes de la conselleria, sin embargo, indicaron ayer este diario que en la contestación dirigida a Bravo, el ministerio da margen a las comunidades autónomas a que tomen decisiones en materia de su personal. Pese al escrito del Gobierno, Bravo seguía decidida a buscar vías alternativas para dar solución no ya a lo que está ocurriendo en la actualidad en la Generalitat (con un importante porcentaje de la plantilla en sus casas y sin tareas esenciales)si no en el día después de la crisis sanitaria. Desde la conselleria se estima que si en este periodo de quince días el funcionariado que no tiene trabajo efectivo ni esencial cuenta con un permiso retribuido recuperable cuando la normalidad vuelva, la Generalitat tendrá más recursos humanos para desatascar todos los procedimientos que han quedado paralizados. Para ello, necesitaría que estos empleados públicos devolvieran de alguna manera las horas en las que han estado de permiso en sus casas.

El asunto, sin embargo, es peliagudo porque supone abrir un melón en un colectivo muy protegido jurídicamente por su condición de servidores públicos. La primera oposición vino de la mano de varias subsecretarías (sobre todo de la órbita de Compromís, aunque tampoco todas del PSPV lo tenían claro), que no acogieron con agrado su petición de una lista exhaustiva de empleados sin tareas esenciales.

La conselleria les ha pedido que certifiquen quienes trabajan de forma efectiva y quienes no, pero hay departamentos que se rebelaron al entender que esta medida no es oportuna. La división es un problema ya que Bravo necesitaría que todo el Consell aprobara su medida para poder hacerla efectiva.

Lo que sí logró Bravo, aunque no de forma unánime, fue algo de respaldo sindical. Los principales sindicatos Comisiones Obreras y UGT mostraron a Bravo su respaldo a que cuando pase la crisis se negocie cómo el personal que no ha trabajado al cien por cien devuelve horas a la Generalitat. Tanto Juan Cruz (Comisiones Obreras) como Luis Lozano (UGT) indicaron que la propuesta de Bravo es razonable y que no puede tratarse de forma discriminatoria a trabajadores públicos y privados. Estos sindicatos creen que quien por las circunstancias no puede ejercer su trabajo, debe devolver las horas. Durante la reunión, no obstante, UGT planteó la necesidad de que exista acuerdo entre las subsecretarías.

No opinan igual Intersindical y CSIF que se mostraron radicalmente en contra. Intersindical reprochó a la consellera que «no es momento para la 'dermopolítica', y mucho menos para el oportunismo» y calificó su propuesta de «negligencia ideada al margen de la realidad».

Por su parte, CSIF puso énfasis en que el Gobierno central no va por esa línea y que el problema radica en que la conselleria no está fomentando el teletrabajo: «La medida del permiso retribuido tiene una gran complejidad», indicaron.

Así las cosas está por ver que hará finalmente Bravo. De momento, las fuentes de la conselleria indicaron que el asunto se está estudiando, pero que la voluntad de Bravo es sacarlo adelante. Es más indicaron que se va a dar curso a la petición a las subsecretarías para que informen con un certificado sobre la situación laboral de toda la plantilla e incluso recordaron que la inspección general de servicios tiene recursos suficientes para comprobar que la información que se proporcione desde los departamentos es cierta.

Cabe apuntar que el propio parón de la actividad de la Administración (se han paralizado todos los procedimientos relacionados con contratos o subvenciones excepto los urgentes y de emergencia) así como la irrelevancia actual de determinadas áreas de gestión hace que en la práctica buena parte de la plantilla carezca de tareas concretas. Sin embargo, la información fidedigna no se tiene ya que muchos departamentos aseguran que todo su personal está trabajando de alguna manera.

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