Las policías locales de la Comunitat Valenciana están colapsando el servicio de atención telefónico 900 habilitado por la Generalitat Valenciana para información sanitaria relativa al coronavirus tras una orden interna de la Delegación del Gobierno el lunes anunciando que se someterá a la prueba de detección de la covid-19 a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad, incluyendo a las policías locales y a los funcionarios de Prisiones.

Ayer, ya había una media de 30 llamadas a la hora de policías pidiendo ser sometidos a las pruebas, que se suman a las que ya recibe ese servicio montado exclusivamente para consultas sanitarias en relación con esta pandemia, que atiende una media diaria de entre 1.000 y 3.000 llamadas, aunque ha soportado picos de hasta 10.000 en los primeros días.

La orden firmada por el subdelegado del Gobierno, enviada el lunes, 30 de marzo, a todas las jefaturas y mandos policiales, así como a los responsables de las cuatro prisiones valencianas, es fruto de un acuerdo con la Conselleria de Sanidad, tras las presiones de Interior y de los sindicatos policiales para que se realizaran pruebas del coronavirus en las filas de los cuerpos de Seguridad, como una de las primeras líneas en la atención a los ciudadanos y como servicio esencial imprescindible.

Uno de los problemas que había es la escasez de test para realizar la prueba de la polimerasa (PCR) a los sectores con mayor riesgo, entre los que se encuentran los sanitarios, por supuesto, pero también los cuerpos policiales y los funcionarios de prisiones, escasez ahora parcialmente solventada.

Aunque el número de contagios de coronavirus entre plantillas policiales -confirmados o en aislamiento por sospecha- no es por fortuna demasiado elevado en estos momentos, lo cierto es que confinar a un agente bajo sospecha supone una merma en un servicio fundamental, porque implica confinar también a parte de sus compañeros. De ahí la urgencia por someter a los agentes a la prueba de PCR.

Los test solo son útiles cuando se les practica a personas que muestran síntomas o han estado en contacto con alguien que los presente o haya dado positivo en una prueba de coronavirus, ya que si somete a cualquier persona asintomática a la PCR, lo más probable es que el resultado sea negativo. Y no hay garantías de que no pueda contagiarse en los días siguientes. Así, habría que hacerle nuevas pruebas en días sucesivos y no tendría ninguna utilidad. Este es el protocolo sanitario, lógico, para discriminar a quién someter y a quién no a una prueba de detección del coronavirus. Y el que se empleará también con los policías locales.

Los términos en que estaba redactada la orden de la Delegación del Gobierno eran confusos y dejaban la puerta abierta a entender que se iba a realizar a todos los policías. Y eso sembró el caos, con llamadas no solo de jefes de Policía Local, si no de agentes que, a título particular, llamaron al 900 colapsando el trabajo de los operadores.

Precisamente por esa razón, la Delegación del Gobierno se vio en la obligación de enviar a primera hora de ayer un correo aclarando que esa prueba se realizaría a los agentes que determine Sanidad siguiendo el protocolo establecido para cualquier ciudadano -con síntomas o previo contacto de más de 20 minutos y a menos de dos metros con un positivo o un sintomático-.

Ese correo fue enviado al centro de emergencias de l'Eliana, para que desde allí le fuese remitido a todos los jefes de Policía Local. Al parecer, no todos lo recibieron.