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Las dudas legales frenan el permiso retribuido para el funcionariado

Bravo pregunta al ministerio si tiene competencias para aplicar la medida tras un informe de la Abogacía con reparos - La recuperación de horas sí afectaría al personal laboral de firmas públicas

Las dudas legales frenan el permiso retribuido para el funcionariado

Las dudas legales frenan el permiso retribuido para el funcionariado

Las dudas legales en torno a la aplicación al personal funcionario de la Generalitat de los permisos retribuidos y recuperables regulados por el Gobierno central en el trabajo privado han obligado a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas a frenar esta medida.

El departamento que dirige Gabriela Bravo tenía previsto someter a la reunión de subsecretarías que se celebra hoy (el denominado consellet) un decreto que permitiera a la Generalitat dar permisos pagados al personal de las conselleries que permanecen en sus casas sin tareas específicas o con una menor carga de trabajo para que, pasada la crisis, esta horas pudieran ser recuperadas. La iniciativa había generado grandes resistencias internas y dividido al ámbito sindical, pero Bravo estaba decidida a seguir adelante al considerar que tenía margen suficiente para actuar.

Sin embargo, los informes jurídicos parecen decir otra cosa. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia de prensa, defendió que no exista discriminación entre trabajadores, pero puso el freno a la medida al indicar que, aunque era una opción que se estaba barajando, el asunto no estaba clarificado legalmente. Según ha sabido este diario, un informe de la Abogacía de la Generalitat pone en cuestión que la Administración autonómica tenga compentecias para aplicar el decreto a su plantilla.

El propio Ministerio de Política Territorial aclaró el martes a Bravo que el decreto no era aplicable al funcionariado, si bien la conselleria consideraba que una de las disposiciones adicionales del decreto dejaba la puerta abierta a las administraciones para tomar decisiones propias en función pública. Ante las dudas, la Conselleria de Justicia decidió aparcar el proyecto y no someterlo a la aprobación del Consell en espera de una nueva aclaración del ministerio. Así, Bravo envió una nueva carta a la Secretaría de Estado de Función Pública para saber si es o no competente para por su cuenta aplicar los permidos. Fuentes de su departamento indicaron que hasta que no haya respuesta la medida queda congelada y no se llevará hoy al consellet. Dado los antecedentes, será difícil que la conselleria encuentre respaldo ministerial.

Con todo, el decreto del Gobierno sí abre la puerta a que pueda aplicarse al personal laboral, por lo que podría darse la incongruencia de que unos trabajadores públicos estuvieran afectados y otros no. El propio Puig lo mencionó e indicó que no se descartaba incluso la posibilidad de presentar ERTE en entes del sector público. Dijo que habría que estudiar la situación empresa por empresa, ya que unas están más afectadas que otras por la parálisis.

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