El Gobierno lanzó ayer, tras el primer día del endurecimiento efectivo del confinamiento, una nueva batería de medidas, «una red de seguridad» para este periodo excepcional, en palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Las nuevas iniciativas, anunciadas el mismo día en el que se batió el récord tanto de contagios como de fallecimientos por el coronavirus, van desde un aplazamiento de seis meses sin intereses en las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos y las empresas a la prohibición de que se corte el suministro de servicios básicos como la luz, el agua, el gas y las telecomunicaciones al conjunto de la población durante el estado de alarma, no solo a los colectivos vulnerables como se había establecido inicialmente. Incluso se imponen restricciones temporales a la publicidad de apuestas.
Aunque aplaudida, la medida destinada a los autónomos, aún es vista como insuficiente por la patronal, que reclama una moratoria fiscal, dado que, como afirmaba Josep Sánchez Llibre, presidente de los empresarios catalanes, «muchos empresarios no podrán pagar los impuestos» porque no tienen ingresos. La Seguridad Social permitirá a los autónomos que hayan cesado su actividad por la covid-19 que pidan la devolución de la parte correspondiente a los días de estado de alarma y pagar fuera de plazo pero sin intereses las de los días anteriores del mismo mes.
Iglesias, Calviño y Montero
En una comparecencia con la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero y el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, probablemente para tratar de acallar las informaciones que apuntan a profundas discrepancias de este con Calviño, se dieron a conocer las nuevas medidas, más de 50, que se incluyen en un real decreto-ley.
El texto profundiza en la moratoria en las hipotecas, que pasa de uno a tres meses y se extiende a los locales y oficinas de autónomos, así como a los créditos personales y al consumo de colectivos vulnerables. A su vez se crean nuevas prestaciones especiales para colectivos como las empleadas del hogar, los parados sin subsidio y los trabajadores temporales y se paralizan durante seis meses los desahucios. Se trata de que «nadie se quede atrás», según aseguró Montero.
Al tiempo que aprovecharon para aclarar, por su precipitación, el alcance del mayor confinamiento decretado desde este lunes, que afecta a todos los servicios que no son considerados esenciales, el Gobierno quiso aprovechar la comparecencia de ayer para reforzar lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió como un «escudo social» para paliar los efectos de la «hibernación» de la economía mientras dura la propagación del coronavirus.
Respuesta a tres niveles
Calviño defendió que el endurecimiento del confinamiento, que la ministra portavoz añadió que «salva vidas», se enmarca en el paralelismo que el Gobierno busca entre la respuesta sanitaria y la económica y social. «Cuanto menos dure esta situación excepcional antes podremos recobrar la normalidad», avanzó la vicepresidenta tercera.
A la vez, defendió que este nuevo paquete completa las iniciativas destinadas a dar respuestas sociales a la crisis. La máxima responsable de la política económica del ejecutivo manifestó que las medidas siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias y «recogen las sugerencias que nos han hecho llegar los agentes sociales».
Iglesias, por su parte, destacó que las medidas buscan ofrecer seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de la crisis y subrayó las medidas para ofrecer el «derecho constitucional» de la vivienda, un bien «más imprescindible» ahora al ser la «trinchera» desde la que los ciudadanos se protegen del virus, tras pedirles que permanezcan en casa para evitar contagios. También contrapuso la «salida social» de esta crisis con la que se llevó a cabo tras la del2008.
El vicepresidente segundo aprovechó para «tender la mano» a la oposición, para que «se sumen» a la lucha del Gobierno contra el coronavirus y «aporten sus ideas de forma constructiva», porque, según defendió, «el patriotismo no es otra cosa que defender lo común». «El patriotismo es poner el interés general del país por delante de los intereses particulares. Defendamos juntos lo común, haciendo efectiva la Constitución, que es el escudo social que nos une a todos», emplazó.
En su intervención, Iglesias hizo referencia al artículo 35 de la Constitución, que protege el derecho al trabajo, o al 40, que mandata a los poderes públicos a trabajar para la distribución equitativa de la renta y el pleno empleo, a fomentar la seguridad e higiene en el trabajo, y a garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas. Asimismo, citó el artículo 41 que defiende la Seguridad Social; el 43 que habla de la protección de la salud y el 47, que protege el derecho a la vivienda.
