Una autorización de la Dirección General de Salud Pública y otras dos autorizaciones de las direcciones generales competentes en Recursos Humanos y Asistencia Sanitaria. El protocolo de actuación elaborado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para regular la salida de personas mayores o con diversidad funcional de las residencias de la C. Valenciana en condiciones de seguridad durante el estado de alarma exige hasta tres permisos por escrito para dar luz verde al traslado de los usuarios que se encuentran en aquellos centros de la tercera edad «especialmente afectados» por la covid-19 cuyo control ha sido asumido por la Conselleria de Sanidad. Un total de siete instalaciones se hallaban en dicha situación a día de ayer.
En cambio, en las residencias donde el virus ha penetrado pero con menor incidencia y los casos positivos entre el personal o entre los usuarios están más controlados, las familias únicamente deberán recabar la autorización de Salud Pública, además de cumplir los requisitos previstos para el resto de centros libres de coronavirus que se plasman en el protocolo consensuado entre las conselleries de Igualdad y Políticas Inclusivas y Sanidad, conocido ayer.
El documento, que parte del objetivo de facilitar el trabajo a los centros y dar tranquilidad a las familias asegurando la salud pública, establece diferentes formas de proceder en función de si la solicitud de baja de la residencia afecta a una persona con plena capacidad de obrar o no y de si quien la cursa es el propio residente, un familiar o su tutor legal.
Si el usuario tiene suficiente juicio para valorar su situación, podrá dejar el centro por su propia voluntad siempre y cuando se garantice que va a estar bien atendido por un cuidador de su entorno.
En caso de que sea un familiar el que registre la petición de salida, el afectado deberá dar su consentimiento y podrá ser trasladado a su propio domicilio, al del familiar encargado de cuidarlo o a la residencia donde se halle otro familiar.
En todo caso, la persona de la familia que vaya a hacer las funciones de cuidadora deberá comprometerse de manera fehaciente a que va atender correctamente al usuario y firmar una declaración responsable sobre la idoneidad de la vivienda a la que se lo traslada. Además, la dirección del centro donde estaba alojado el residente tendrá que proporcionarle de manera obligatoria elementos de protección para su salida de la residencia (guantes y mascarillas), asegurándose que el familiar que haya firmado el compromiso de cuidados recibe y se hace cargo del usuario. También tendrá que proporcionar un certificado para que se pueda justificar el traslado del anciano durante el estado de alarma.
Si el residente está incapacitado, únicamente se autorizará su traslado si quien lo solicita es su tutor legal, mientras que en determinados casos únicamente podrá demandar la salida del centro el cónyuge o un familiar de primer grado. Si varios familiares se dirigen a la residencia y no se ponen de acuerdo sobre el traslado, no se permitirá ningún movimiento si no se soluciona el conflicto por el orden de prelación directa.
Mantendrán la plaza
El residente con un grado de dependencia o derecho a la prestación residencial podrá elegir la suspensión temporal del servicio, en cuyo caso mantendrá el derecho a ocupar y retornar a la plaza asignada una vez finalizada la actual situación excepcional, siempre y cuando siga abonando las tasas correspondientes. De esa forma, seguirá percibiendo la prestación reconocida. En cambio, si elige la baja de la prestación, se considerará una renuncia.
