La plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castelló se muestra crítica con la gestión de la vicepresidenta, Mónica Oltra, y en un escrito que han hecho llegar a este diario aseguran que la situación no ha cambiado desde que el Botànic llegó al poder en 2015.
Según el colectivo, del que forma parte el exdiputado de Ciudadanos en las Corts Alberto García, la justicia social no es una prioridad. «En la redistribución de recursos no se otorga la máxima ventaja a las familias con menos posibilidades económicas, se deja en manos del mercado y no del Estado la obligación de proporcionar bienestar a nuestros mayores, no se respetan los plazos para el reconocimiento de grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas», según señalan.
Además sostienen que el modelo predominante es el del concierto de plazas en residencias privadas subvencionadas con fondos públicos, que en muchos casos están ampliando el número de habitaciones porque así lo exige el comportamiento demográfico. Critican que la ratio del personal inspector, en el área de servicios sociales, es insuficiente y no alcanza lo que se exige en nueva ley de Servicios Sociales Inclusivos y remarcan que hay centros que llevan años sin inspecciones, «lo que supone «que no tenemos la plena certeza de que se respeten los derechos de las personas mayores usuarias de esos servicios y que se propongan las medidas necesarias para elevar los niveles de calidad de estos servicios».
Cuidados en manos de mujeres
«Hoy como entonces, son las mujeres -casi el 90%- las que deben interrumpir o abandonar su actividad laboral para dedicarse al cuidado de sus mayores o personas dependientes los 365 días del año, siguen sin resolverse miles de peticiones de revisiones de grado y en las pequeñas poblaciones, las familias han de buscarse la vida como buenamente puedan para atender a sus mayores».
«No existen plazas residenciales y tampoco una bolsa de cuidadores a la que acudir en caso de necesidad. Hoy, como entonces, no existe alternativa al modelo de concierto en grandes residencias. El supuesto modelo público residencial es un modelo raquítico, escaso y deficiente y el residencial de construcciones amables, como un hogar, no existe», añaden.
Eliminación de copagos
En el departamento de Oltra defienden que en estos años se ha rebajado el tiempo de espera para la dependencia de cuatro a un año, y la lista de espera, a la mitad. Se han eliminado copagos y la devolución en muchos casos. Admiten que la parte pública de las residencias es escasa porque en años no se apostó por ello, pero sí defienden que el Consell ha dictado requisitos que tienen que tener los centros para recibir fondos públicos.
Respecto a la ratio de inspectores señalan que en 2015 había siete y ahora 20 por lo que se cumple la ley de 1997 y que las mujeres que tienen que atender la dependencia puedan convertirlo en su profesión y se lo acredite el Labora.
