Las startups valencianas han pedido ayuda al Gobierno para evitar el colapso. Las empresas emergentes de corte tecnológico se han quedado fuera de las medidas de apoyo de la Administración ya que están vinculadas a la supervisión bancaria y las startups obtienen la inversión por otras vías ( business angels y programas públicos). Enrique Penichet, CEO de la firma de inversión de capital riesgo Draper B1, advierte de que el Estado francés va a desembolsar 4.000 millones de euros para cubrir el 75 % de los salarios de los trabajadores de las startups mientras que «en España no hay nada previsto». Startup Valencia, nuevo nombre de la Asociación Valenciana de Startups, ha concretado en ocho puntos las reivindicaciones del sector entre las que destacan la flexibilización de la devolución de los créditos públicos y la eliminación de las trabas a las inversiones foráneas (que aprobó el Gobierno para evitar que alguna empresa estratégica caiga en manos extranjeras durante esta crisis). Las reclamaciones están consensuadas con la Asociación Española de Startups, Barcelona Tech City y la patronal del sector de capital riesgo (Ascri).

Un problema añadido para las startups es que su interlocutor directo con el Gobierno es Francisco Polo (Alto Comisionado para España Nación Emprendedora). Polo (con el que la relación es muy fluida) estaba adscrito hasta enero al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pero ahora depende directamente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que limita su acceso a los fondos, según advierten las startups.

En el ecosistema emprendedor valenciano hay 900 startups que generan 4.500 empleos directos y 30.000 indirectos. El emprendedor valenciano Iker Marcaide (fundador de la tecnológica Peer Transfer e impulsor de startups a través de Zubi Labs) recuerda que el problema de las empresas emergentes es que no tienen recorrido sin entrada de capital porque necesitan un crecimiento rápido. «No sé hasta qué punto las van a financiar en estas condiciones», indicó.

Enrique Penichet lamenta que un problema añadido es que las startups no se pueden acoger a las medidas impulsadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis como los ERTE por fuerza mayor o la financiación blanda del Instituto de Crédito Oficial (ICO). «Las startups van a ser grandes damnificadas en esta crisis. Nosotros estamos hablando con cada una de nuestras invertidas para ver qué medidas adoptan. Hay una incertidumbre que es el impacto en el tiempo. Nadie sabe cuánto va a durar la crisis», subraya el responsable de la gestora de inversión Draper B1. En cualquier caso, Penichet incide en que algunas tecnológicas van a ganar tracción durante esta crisis por su modelo de negocio. «Tenemos startups muy enfocadas en el entorno digital que están facturando más que nunca como Easy Virtual Fair (un software de ferias virtuales) o Streamloots (empresa que permite ganar dinero a los youtubers interactuando con sus seguidores). Otras que van muy bien son Signaturit (que proporciona soluciones para la firma electrónica) o Critpan (plataforma de compra de criptomonedas)», añade Penichet.

Líneas de financiación

Nacho Mas, director de Startup Valencia, lamenta que las empresas emergentes están desamparadas. «Las startups no se pueden acoger a las líneas de financiación porque los criterios de riesgo los evalúan las entidades financieras. Las startups no son elegibles por sus características», señaló Mas. «Estamos en una competición global. Un emprendedor puede elegir cualquier país del mundo para instalarse. Si en Francia o en Portugal les dan ayudas se irán», alerta.

Las medidas que han pedido las startups son: la devolución inmediata de las liquidaciones de IVA pendiente; flexibilización de los requisitos (como el mantenimiento del empleo) para obtener las deducciones por I+D; la bonificación de la cuota de autónomos durante al menos 3 meses; la rebaja de las exigencias para la devolución de los préstamos y créditos públicos; la agilización de la entrega de ayudas ya aprobadas; el apoyo directo a la inversión; la eliminación de las trabas a las inversiones extranjeras; y que se incluya a las empresas de base tecnológica en la línea de avales para las firmas con problemas.