La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas tendrá que dejar aparcado definitivamente su proyecto de decreto para aplicar al funcionariado de la Generalitat los permisos retribuidos recuperables. El último cartucho usado por la titular del departamento, Gabriela Bravo, no ha servido para lograr el apoyo que necesitaba para sacar adelante una medida que ofrecía dudas legales ya que se trata de materia básica del Estado.

Tal como informó ayer este diario, el decreto se había frenado, pero Bravo esperaba una nueva respuesta de la Secretaría de Estado de Función Pública a la pregunta de si la Generalitat tenía o no competencias para aplicar la medida pese a que el decreto del Estado dejaba fuera al personal empleado público. La constatación llegó ayer, pero según las fuentes consultadas de forma evasiva. El ministerio se limita a reiterar que el decreto solo afecta a los trabajadores privados.

Sin embargo, el departamento que dirige Bravo no quiere enfrentarse a posibles futuros litigios y ante las dudas (sus propios informes jurídicos no lo veían claro) ha decidido retirar la propuesta.

Bravo perseguía que aquellos funcionarios y funcionarias de la Generalitat que no estaban realizando tareas o bien su carga de trabajo había disminuido al estar paralizados los procedimientos pudieran, después de superada la situación de alarma, recuperar horas con el fin de ayudar a que el colapso que se va a producir en la Generalitat sea más asumible. La medida había generado fuertes resistencias en algunas conselleries mientras que el mundo sindical también estaba dividido. Los principales sindicatos, CC OO y UGT, sí lo apoyaban.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avaló la idea, si bien ya expresó sus dudas de que pudiera salir adelante, ya que determinada materia de la función pública depende del Gobierno central. Y este no estaba por la labor de abrir un melón de estas características.