Más de 250.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en España, más de 600.000 prestaciones públicas por desempleo, más de 50.000 peticiones de ayudas para autónomos por covid-19. «La caja de la Seguridad Social está a punto de explotar». Es la gráfica respuesta que han recibido en los últimos días los gobernantes valencianos cuando han llamado a la puerta de la Moncloa sobre cómo iba lo nuestro. Lo nuestro, lo de los valencianos, es la inyección urgente de fondos para hacer frente a los pagos a los que la Generalitat se está comprometiendo para suavizar los efectos sanitarios y sociales por el coronavirus.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, cifró estas necesidades en su comparecencia del pasado domingo: 2.200 millones, una cantidad, precisamente, casi coincidente con la del déficit público valenciano en 2019, difundida días después.
La situación está «complicada», admiten fuentes del Palau, pero la estrategia no cambia, añaden: perseverar. La infrafinanciación valenciana está más que constatada, el Ministerio de Hacienda la asume y debe poner solución paliativa a la asfixia económica hacia la que se dirige la caja de la Generalitat, argumentan. Y agregan que de lo que se está hablando es de un adelanto de fondos que le pertenecen a la Comunitat Valenciana ante una situación excepcional.
La cuestión es que el Gobierno central también ha lanzado un paquete de iniciativas que le exige un esfuerzo inversor en este momento. La pregunta es: hasta dónde alcanza la caja común.
De momento, de esos 2.200 millones reclamados por el Consell, solo existe el compromiso de enviar en un plazo breve 283 millones. De esa cantidad, 140 millones ya han transferidos. Del resto, se está a la espera, pero por ahora la Tesorería de la Generalitat no ha registrado nuevas entradas de fondos.
Los 283 millones se distribuyen de la siguiente manera: el grueso (223 millones) procede de las entregas acuenta del sistema de financiación. El ministerio ha adelantado 111.5 millones y debe llegar la misma cantidad el próximo día 17. Otros 30 millones corresponden al fondo para la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales derivadas del virus. Están aprobados por la vicepresidencia de Pablo Iglesias, pero pendientes de pago. Hay 28,3 millones más firmados para gastos sanitarios extraordinarios por la emergencia de salud. La Conselleria de Hacienda espera este último ingreso para la semana próxima. La última cantidad, de momento, son 2,3 millones de un fondo para la protección de menores: también pendientes de recibir.
El Ejecutivo asegura que no cede y busca liquidez para atender a proveedores mediante un anticipo de la liquidación del sistema de financiación (se cobra en julio de normal) y la activación del FLA extraordinario. El sueño sería la suspensión de vencimientos de deuda con el Estado.
