La Conselleria de Sanitat ha planteado al Gobierno central la duda sobre quién y cómo deben facilitar los equipos de protección a los trabajadores y trabajadoras que regresen a sus labores una vez se levante la «hibernación» de las empresas de actividades no esenciales, prevista par el próximo 10 de abril.
En los últimos días, desde el Gobierno se ha dado un giro respecto al uso de mascarillas, que hasta ahora solo se recomendaban para pacientes infectados, y se está estudiando la posibilidad de que se extienda a toda la población para evitar la expansión del contagio.
Pero este material escasea. Las compras de mascarillas se han destinado, como es lógico, a centros sanitarios y trabajadores y trabajadoras que han seguido con su labor por tener carácter esencial como son dependientes de tiendas de productos alimentarios, repartidores y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o servicios de emergencias.
En ese sentido, el Gobierno emitió ayer un comunicado en el que informaba que las comunidades autónomas han recibido 38 millones de unidades de material de protección, de los que 20,4 son mascarillas. En ese reparto, a la Comunitat Valenciana le han correspondido 1,5 millones de unidades de protección.
