«El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente sin dar algún tipo trato de favor a ningún exministro». Así lo ha trasladado el Gobierno central al senador de Compromís Carles Mulet en una respuesta parlamentaria tras conocerse que Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y presunto cerebro de la trama Erial, escribió una carta desde la prisión de Picassent en la que alardeaba de sus contactos en el CNI para obtener información privilegiada del sumario.

La destinataria de esta carta era la exdiputada del PP Elvira Suanzes, imputada en esta causa por un presunto delito de blanqueo de capitales, y la jueza la envió a Madrid para que se investigara una posible filtración. La Guardia Civil halló la misiva en la segunda fase de los registros ordenados por la magistrada-instructora.

Tras conocerse esta información, Mulet presentó una pregunta en el Senado para conocer si el CNI había autorizado «algún tipo de trato de favor para amparar a exministros corruptos». En cambio, desde el Gobierno responden al dirigente valencianista que el CNI «se somete al artículo 2.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI», según consta en el documento facilitado ayer por Compromís.

Esta norma recoge que la institución «se regirá por el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico y llevará a cabo sus actividades específicas en el marco de las habilitaciones expresamente establecidas en la presente Ley y en la Ley Orgánica 2/2002, de 7 de mayo, reguladora del control judicial previo del CNI».

La jueza, con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido incluir esta carta en el sumario, pero el exministro de Trabajo ha presentado un recurso en contra al considerar que no guarda relación con los hechos.

En el escrito dirigido a Suanzes, de carácter personal, Zaplana relató las filtraciones y sugería que la máxima responsable del CNI le habría facilitado datos sobre las intervenciones telefónicas.

En la misiva, el exministro del PP también presumía de contactos y de su amistad con la responsable del CNI, que también había sido magistrada. La carta se escribió entre los meses de junio y octubre de 2018, por lo que las diligencias apuntan a que Zaplana se referiría a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

No obstante, según fuentes próximas al caso, el nombre de Robles no aparece en la carta localizada por los investigadores. Desde el Ministerio de Defensa ya negaron cualquier trato de favor a Zaplana.

La instrucción del caso Erial, como todas las investigaciones, está suspendida por la crisis sanitaria de la covid-19. La semana pasada tendrían que haber declarado varios imputados, entre los que se encontraba el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas.