La campaña puesta en marcha por Interior a los cuatro días de la entrada en vigor del decreto de alarma para evitar escapadas de fin de semana tras la fuga masiva de madrileños del fin de semana del 14 y 15 de marzo, e intensificada de manera notable el jueves de la semana pasada para prevenir potenciales fugas ante la inminente llegada de la Semana Santa y la Pascua, ha dado sus frutos, pero en un sentido inesperado.
Así, ha resultado que los insolidarios que han salido de sus domicilios habituales para pasar estas vacaciones están siendo pocos a tenor del número de detectados y denunciados -aunque casos hay-, pero la insistente advertencia de Interior a quien ha estimulado es a los ayuntamientos de la costa, asustados ante la convicción de que les iba a llegar una avalancha de turistas.
La reacción de varios munícipes a lo largo de la costa valenciana tiene su explicación, además de en el reiterado mensaje de Interior y de la Dirección General de Tráfico, que ayer alertó de que había tráfico denso a las salidas de Madrid en dirección a la C. Valenciana y Andalucía, en la descoordinación que lleva protagonizando el ministerio de Fernando Grande-Marlaska desde el inicio de la actual situación.
El decreto ha supuesto, de facto, la centralización en la figura del ministro del Interior del mando sobre todas las policías. Todas. Desde la Guardia Civil y la Policía Nacional, ambas estatales por definición, a la última plantilla de Policía Local del país. Sin embargo, esa concentración de poder no está teniendo su reflejo en una adecuada coordinación, ni a la hora de unir estrategias de cómo aplicar el decreto, ni, desde luego, en cómo poner freno al creciente número de desobedientes que siguen haciendo crecer día a día la cifra de detenidos y denunciados por vulnerar el estado de alarma.
Y de cara a esta Semana Santa la situación está siendo más caótica, si cabe. Así, desde ordenar a la Policía Local la colocación de barreras de hormigón en las vías de acceso principales y en los caminos a las playas de Orpesa, Peñíscola, Moncofa o Almenara, o de vallas metálicas en Calp, a las identificaciones masivas a la puerta de los supermercados en Oliva o Cullera o el instigamiento a los vecinos para detectar «personas no habituales», pasando por la vigilancia de las playas con un dron en Tavernes de la Valldigna, muchos de los municipios costeros se han blindado a su manera ante la posible llegada de 'invasores' desde el centro de España, principalmente, desde Madrid.
De hecho, los responsables de la Guardia Civil, que opera en la mayor parte de esos municipios, ha pedido «sensatez» en las medidas, ya que acciones como la bloquear calles principales con vallas de hormigón puede incluso comprometer la circulación de los vehículos de emergencias.
Los mensajes de alcaldes o concejales, tanto a través de sus redes propias o municipales, como en declaraciones a Levante-EMV también han sido de distinta intensidad.
En general, admiten que los casos detectados son «excepcionales», pero algunos no han dudado en lanzar mensajes rotundos como aviso a navegantes. «Que nadie lo dude, si alguien ha venido a pasar la Semana Santa a Tavernes será denunciado», clamaba ayer en su perfil de Facebook el concejal de Seguridad Ciudadana de Tavernes de la Valldigna, Josep Llàcer. La Policía Local denunció ayer por la mañana a cinco personas en Tavernes, detectadas cuando compraban en un supermercado y que, a tenor de su DNI, residen fuera del municipio.
«No es una presencia masiva»
El alcalde de Oliva, David González, advirtió de que «el personal de los supermercados conoce a la clientela habitual y nos ha informado sobre la llegada de gente que normalmente viene en verano, fines de semana o Semana Santa». Sin embargo, matizó que «no es una presencia masiva y no quiere decir que sean vecinos de fuera de Oliva; es posible que sean de aquí y que se hayan desplazado a una segunda residencia»
En Gandia, seis de las 45 denuncias impuestas ayer fueron a «gente de fuera», según su jefe de Policía Local, Marc Cuesta.
En Cullera y Sueca, la situación está siendo de tranquilidad, con paseos y playas desiertos, aunque el concejal de Seguridad Ciudadana de la capital de la Ribera Baixa, Carlos Ramírez, sí lanzó un mensaje contundente, advirtiendo que no tolerarán la llegada de personas que vengan de fuera a segundas residencias.
Esa misma tónica de tranquilidad es la que se ha respirado en los distintos puntos de playa de la comarca de l'Horta. En el Puig, fuentes municipales explicaron que tanto la Policía Local como la Guardia Civil habían intensificado desde el miércoles los controles en los accesos al litoral del municipio desde la V-21, y que se prolongarán durante toda la semana mañana, tarde y noche.
En Alboraia, la Policía Local no detectó desplazamientos de gente a segundas residencias. De hecho, apuntaron que tanto la Patacona como Port Saplaya «están desérticas».
En Puçol, un solo caso: agentes de la Policía Local detectaron la llegada de un vehículo a la zona de playa, en el que viajaba una familia entera. Tras realizar las pertinentes comprobaciones, se corroboró que trataban de acceder a una segunda residencia y fueron sancionados, ordenándoles regresar a su lugar de residencia.
Desde que comenzó el estado de alarma y hasta la noche del martes, la Policía Nacional, las locales y la Guardia Civil llevaban impuestas 52.531 denuncias y detenido a 501 personas, lo que significa que en un solo día, el lunes, propusieron para sanción a 3.319 personas y arrestaron a 47, la cifra más alta en un solo día hasta ahora.
