La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha abogado hoy por la homologación salarial del personal de las residencias con el sector público sanitario para paliar la fuga de trabajadores a los hospitales con motivo de la crisis de la covid-19.
El hecho de que el personal sanitario dependiente de la Conselleria de Sanidad disponga de mejores salarios que el adscrito a la Conselleria de Políticas Inclusivas hace que todos los veranos se produzca un tránsito de un ámbito a otro. A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha remarcado que "en este contexto pasa lo mismo", puesto que Sanidad necesita más efectivos y muchos empleados de residencias inscritos en bolsas optan por marcharse,
A esta circunstancia se suman los trabajadores que han de permanecer en cuarentena y dejar temporalmente sus puestos ante las sospechas de estar contagiados, lo que ha ocasionado una merma importante de plantilla en los geriátricos para combatir el virus. "Llevamos mucho tiempo hablando de homologacións salarial, es algo que ya se abordó en la pasada legislatura", ha incidido hoy la vicepresidenta del Consell.
Oltra también ha hecho hincapié en los cambios en los que ha estado trabajando la conselleria en los últimos cinco años para mejorar la atención en las residencias, entre los que se encuentra la necesidad de dotarlas de conducciones para la oxigenoterapia, una cuestión que se aprobó hace un año aunque su implantación no se ha materializado. El objetivo, según la consellera de Políticas Inclusivas, es hacer los geriátricos "más sanitarios", puesto que ahora funcionan sobre todo como recursos de tipo social.
Por otra parte, el Consell ha aprobado hoy nuevas medidas preventivas para asegurar la adecuada respuesta de los servicios sociales y sociosanitarios a la crisis, de modo que la Generalitat pueda disponer de estos recursos independientemente de su titularidad pública o privada. El acuerdo establece la disponibilidad de todo el personal dependiente de dichos servicios para poder hacer funciones diferentes de su lugar de trabajo relacionadas con el ámbito social o sociosanitario, de acuerdo a su perfil profesional.
Por otra parte, según ha explicado Oltra, "se podrán adoptar medidas de reasignación de efectivos y cambios de centros de trabajo siempre que no supongan una movildiad geográfica no voluntaria de los trabajadores". También se define un régimen de suspensión de jornadas y descanso con carácter gradual para la optimización de recursos, así como la suspensión de las reducciones de servicios, los turnos y las vacaciones establecidas ahsta ahora. De esta manera, el personal tendrá que estar disponible para ser requerido para la prestación de labores presenciales propias de su lugar de trabajo u otras que se le encomienden. Igualmente, la resolución abre la puerta a imponer servicios extraordinarios y a la incorporación de personal liberado sindical que temporalmente puede volver para ejercer su función. La intención, según la vicepresidenta, es "atender a las personas más vulnerables y de más riesgo comabitar epxansión enfermedad".
El pleno del gobierno autonómico ha dado luz verde hoy al decreto de concesión de ayudas a los trabajadores afectados por ERTE y a aquellos que han tenido que reducir su jornada para garantizar la conciliación familiar, con el objetivo de "atenuar la brusca disminución de ingresos". En total se han dotado 33 millones de euros. Los afectados por ERTE recibirán una ayuda de 150 euros por persona, mientras que los que han visto reducida su jornada podrán disponer de entre 450 y 600 euros en función del grado de disminución de la actividad.
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