El Gobierno denunciará a los alcaldes que sigan cortando calles y carreteras

Peñíscola desacata la orden de retirar las vallas de hormigón y Xeraco sustituye los montículos de tierra por vallas metálicas - La Delegación del Gobierno confía en rebajar la tensión sin medidas drásticas

t. domínguez / a. padilla | valència

10·04·20 | 23:38

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Xeraco se blinda con arena para evitar turistas

El uso de barreras arquitectónicas para impedir la supuesta llegada masiva de turistas, que no se ha producido, está generando un conflicto dentro del conflicto que la Delegación del Gobierno espera resolver por la vía de la negociación y de la cordura, aunque se reserva armas más contundentes si la actitud persiste. De hecho, una de las medidas es trasladar a la Fiscalía los informes elaborados por la Guardia Civil y la negativa a retirar esos obstáculos, como ha sucedido con Peñíscola, por ejemplo.

Desde el pasado miércoles, varios ayuntamientos de la costa valenciana, desde Peñíscola hasta Orihuela, pasando por Orpesa, Moncofa, Almenara, Xeraco y Torrevieja cerraron accesos y caminos hacia sus playas utilizando toda suerte de elementos disuasorios de gran peso: vallas de hormigón del tipo new jersey, toneladas de tierra dispuesta en montículos o grandes piedras transportadas con grúas.

Otros, como Calp, optaron por vallas metálicas, más fáciles de retirar en caso de emergencia, pero igualmente fuera de la ley, ya que los municipios no tienen entre sus competencias el cierre de los accesos y las vías salvo por cuestiones de obras, catástrofes o celebración de eventos. Y en ningún caso en aplicación del real decreto de estado de alarma, que deja esa competencia, la del cierre temporal de calles y carreteras, o tramos de ellas, única y exclusivamente en manos del Gobierno central.

De hecho, nada más producirse el miércoles los cortes con obstáculos no removibles, la Guardia Civil informó a la Delegación del Gobierno de la ilegalidad y de sus posibles consecuencias, ya que los elementos empleados ponían en peligro la circulación de vehículos de emergencia.

La delegada, Gloria Calero, envió un escrito a todos esos ayuntamientos recordándoles que los consistorios no están facultados para llevar a cabo ese tipo de medidas unilateralmente, ya que son competencia del Estado y que, en caso de hacerse, sería en coordinación con la Delegación del Gobierno y atendiendo a hechos concretos, y siempre bajo supervisión de la Guardia Civil o de la Policía Nacional como fuerzas de seguridad del Estado.

«Buena respuesta», en general

Fuentes de ese organismo han insistido en que «todos los ayuntamientos implicados», salvo Xeraco y Peñíscola, atendieron al requerimiento y retiraron los obstáculos. Sin embargo, Moncofa, Orpesa y Almenara los mantenían ayer intactos. Es más, los alcaldes de los dos últimos alegan no haber recibido ningún escrito de la Delegación del Gobierno.

Dado que los alcaldes de Xeraco y Peñíscola continuaron resistiéndose abiertamente, Calero envió a ambos un oficio a las 15.00 horas del jueves, dándoles de plazo hasta las 20.00 horas de ese día para remover de su sitio los montículos de tierra y las barreras de hormigón.

El alcalde de Xeraco acabó por retirar la tierra, pero al cabo de unas horas, en la tarde de ayer, colocó vallas metálicas. Sin embargo, el primer edil de Peñíscola se negó a acatar esa orden, en público y en privado, enviando a la Delegación un escrito de alegaciones en el que discrepa con el argumento de que sí tienen competencias en ese campo.

En ese segundo escrito, Gloria Calero advertía a los dos munícipes de que «de no llevarse a cabo la retirada de los obstáculos en la vía pública, esta Delegación del Gobierno procederá a formular el correspondiente requerimiento de cumplimiento de la legalidad y posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de su remisión a la Fiscalía por si tales actuaciones fueran constitutivas de delito». El Código Penal recoge como delito contra la seguridad vial, en su artículo 385, la colocación de obstáculos imprevisibles.

En todo caso, fuentes de la Delegación del Gobierno se muestran convencidas de que el alcalde de Peñíscola acabará por retirar las vallas de hormigón e insisten en encuadrar esa negativa, de momento, en su intención de presentar las alegaciones que ha presentado «y que serán atendidas, estudiadas y respondidas».

En todo caso, la propia delegada recordaba a los alcaldes y alcaldesas que «se han incrementado los controles, y se mantendrán», precisamente para evitar que haya desplazamientos a segundas residencias, que están siendo excepcionales. Un dato que lo confirma: la Guardia Civil, por ejemplo, solo detectó un 5,33 % de infractores de las casi 120.000 identificaciones en toda España. Y las correspondientes a 'turistas' suponen un porcentaje pequeño dentro de ese 5,33 %.

De vuelta a casa

De hecho, se ha observado que el éxodo real a la segundas residencias se produjo en los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Así se ha constatado en Gandia, Xàbia, Dénia o Calp. Fue entonces cuando sí llegó un número significativo de 'turistas' de Madrid, sobre todo, pero también de València, en el caso de los municipios de la Marina.

Eso sí, tanto la Policía Nacional, como las locales y la Guardia Civil, si sorprenden ahora a alguien que acude a su segunda residencia, además de sancionarlo, lo envían de vuelta a su ciudad de origen Los controles, obviamente, se realizan no solo en carreteras, sino también en las líneas de autobuses y en los trenes.

Las fuentes citadas han indicado que en estos últimos días se han puesto denuncias a algunos propietarios de segundas residencias que no han podido acreditar que llevan en estos municipios desde antes de declararse el estado de alarma. En el caso de Dénia, por ejemplo, la Policía Local les está pidiendo tiques de compra o registros en el móvil de pagos con tarjeta que confirmen que ya estaban en estos municipios litorales antes del 14 de marzo. De momento, ninguno de los identificados se ha negado a mostrar esos justificantes.

Y en cuanto al fervor antimadrileño, las fuentes arrojan un dato: el miércoles y el jueves se detectó más presencia de propietarios de segundas residencias procedentes de València que de Madrid.

Casi 60.000 denunciados

De momento, y hasta la noche del jueves, las fuerzas de seguridad -Guardia Civil, Policía Nacional, autonómica y locales- han denunciado en la Comunitat Valenciana a 59.597 personas y han detenido a 555 por saltarse el obligado confinamiento que impone el decreto de estado de alarma, según fuentes de Interior.