Se decía de él que era como el perejil porque aparecía en todas las salsas de la corrupción. Pero realmente el exdirigente del PP Juan Cotino solo figuró formalmente como imputado en tres procedimientos abiertos en la Comunitat Valenciana.
Los Cotino y sus sociedades familiares son una de las claves del caso Erial, la trama de evasión de capitales que la Guardia Civil atribuye al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Además, la Fiscalía Anticorrupción le imputaba un papel «nuclear» en las presuntas irregularidades de la visita del papa a València.
Cotino ha fallecido tras declarar en el juicio del contrato de Canal 9 y un segundo juzgado de València le imputó por las adjudicaciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente en el que estaban representadas las administraciones públicas y el Arzobispado de València.
La primera imputación formal contra Cotino fue la de Gürtel y el contrato de la televisión pública. En el escrito en el que se proponía juzgar al exvicepresidente del Gobierno valenciano y a otros 23 procesados, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata calificó a Juan Cotino como «factótum» y «elemento nuclear» de la Fundación para el V Encuentro, pues lideraba las reuniones de trabajo en las que este ente decidió contratar con la trama Gürtel los servicios de megafonía y pantallas de la vista.
La Fiscalía, que mantuvo las acusaciones tras su última declaración, afirmó que «pese a no ostentar cargo alguno ni formar parte de sus competencias como conseller impulsó activamente y gestionó de facto la contratación objeto de investigación».
Mientras, el PSPV, como parte personada en la causa del caso Gürtel, solicitó penas que sumaban cerca de dieciséis años de prisión para Cotino como autor de seis delitos. Entre ellos figuraban el de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones, cohecho y falsedad continuada.
La fundación y la visita
Esta investigación se ha prolongado tanto en el tiempo porque el caso ha sido instruido indistintamente desde Madrid y València por la condición de aforados de varios de los investigados. El sumario ha pasado por las manos de diversos jueces y fiscales, y en 2018 se abrió una nueva pieza separada porque en todo ese tiempo solo se había investigado el contrato de Canal 9 y no el resto de las adjudicaciones, según concluyó la Audiencia Nacional. Cotino volvió a ser imputado.
El juzgado de Instrucción 5 de València abrió diligencias por un total de 11 contratos suscritos por la Fundación con otras tantas empresas para el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos con los que se inundó la ciudad, los alojamientos, la publicidad o la difusión del evento.
En estas diligencias, abiertas en 2016, se investigaba a los máximos responsables del ente que seguían vivos doce años después del evento: el expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el obispo auxiliar Esteban Escudero y presidente de la fundación; el secretario del patronato y exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos; y el entonces conseller de Agricultura Juan Cotino «por su indudable influencia en la toma de decisiones de todos ellos por razón de los cargos políticos que ostentaban»; el representante legal de la fundación «y firmante de buena parte de los contratos presuntamente irregulares».
Juan Cotino declaró por estos hechos en 2019 y entregó al juzgado un informe pericial de parte en el que negaba que la fundación fuera pública.
Este documento estaba firmado por el abogado del Estado en excedencia Javier Gómez-Ferrer Senent, actualmente al frente del departamento legal de la firma internacional de servicios profesionales de consultoría, Auditoría y Abogados BDO.
Gómez Ferrer aludía a la «arbitrariedad y ligereza del perito», a su «escaso rigor jurídico», sus «afirmaciones gratuitas» en «informes que no aportan argumento alguno» para defender la tesis de que el ente no era del sector público. La investigación sigue en marcha.
Las comisiones de Erial
En mayo de 2018 se conoció su último escándalo de corrupción tras la detención de Eduardo Zaplana. Cotino y su sobrino, Vicente Cotino habían sido citados a declarar a finales del mes de marzo por este caso, pero su interrogatorio quedó suspendido por la emergencia sanitaria. Su sobrino ya había sido condenado en Gürtel y por los negocios que compartió con el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, el sucesor de Zaplana en el Palau.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a la jueza un extenso informe en el que constataba la presunta «actividad criminal» de la organización que durante 20 años habría dirigido Eduardo Zaplana. Además, los agentes situaban en un papel destacado dentro de la organización a Juan Cotino.
Los agentes llegaron a esta conclusión tras analizar las agendas personales de Zaplana, las empresas radicadas en paraísos fiscales y tomar declaración en Luxemburgo a la sobrina del espía Paesa. Ella fue quien declaró que los Cotino entregaron 600.000 euros en metálico en 2001 para crear la estructura en Luxemburgo.
