El empresario Enrique Ortiz ha llegado a una conformidad con todas las acusaciones en la causa del PGOU de Alicante por la que, a cambio de no ingresar en prisión, admite los presuntos amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad, según han confirmado fuentes cercanas al caso. El promotor sería condenado a penas que suman dos años de cárcel: un año y medio de prisión y una multa de 356.528 euros por un delito de cohecho, así como otros seis meses más y 526.261 euros de multa por tráfico de influencias. Asimismo acepta el pago de una responsabilidad civil de 713.000 euros. Al acuerdo se han sumado un hermano del promotor, Virgilio Ortiz, y uno de sus empleados, Santiago Bernaldez, quienes han aceptado una pena de tres meses de cárcel y 80.000 euros de multa cada uno por cohecho.
Se trata del segundo acuerdo que se cierra en la causa del PGOU, después de que el empresario Ramón Salvador admitiera que pagó 116.000 euros al bufete del hermano de la alcaldesa para que se le recalificaran unos terrenos. Estas conformidades dejan en una delicada situación al resto de los acusados, entre los que se encuentran los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. La vista de esta pieza separada del caso Brugal estaba señalada en la Audiencia de Alicante a partir del 30 de junio.
La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para Ortiz penas de prisión que sumaban cerca de ocho años de cárcel; mientras que el Ayuntamiento que ejercía la acusación particular reclamaba cinco años y Esquerra Unida (acción popular) pedía trece años. Con este acuerdo cerrado con todas las acusaciones, el empresario acepta dos años de cárcel. Las acusaciones han retirado el delito de aprovechamiento de información privilegiada que también le imputaban.
El precedente de Gürtel
Éste es el segundo acuerdo al que llega el empresario Enrique Ortiz, después de que en el juicio celebrado en 2016 en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del PP en la Comunitat Valenciana admitiera los hechos. Su conformidad fue la que dio pie a que el resto de los empresarios acusados de la trama Gürtel también se sumaran al acuerdo y confesaran., así como también el que fuera secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. En aquella ocasión, la pena de prisión le fue conmutada por una multa. La conformidad en la causa del PGOU confirma una línea de colaboración de la Justicia del empresario que ya empezó en Gürtel y que, de mantenerse, podría continuar en el juicio por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de la Vega Baja, otra pieza separada del caso Brugal.
En la causa del PGOU, Enrique Ortiz está acusado de obtener información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad cuando todavía no era público a cambio de dádivas y regalos al exalcalde Luis Díaz Alperi y a su sucesora en el cargo, Sonia Castedo. El planeamiento bajo sospecha nunca llegó a estar vigente. Entre las dádivas a la exalcaldesa, se incluyen dos viajes a Andorra en las navidades de 2008 y 2009 (4.612 euros), otros dos viajes a Ibiza en embarcaciones de Ortiz en los veranos de esos años (241.887 euros), un vehículo (13.400 euros), así como otras no cuantificadas como colocar a conocidos en las empresas de Ortiz y tarjetas de aparcamiento. En el caso de Alperi, las dádivas presuntamente recibidas estarían un viaje a Creta en un jet privado (36.000 euros), los pisos destinados a los hijos del exprimer edil (324.000 euros), un palco en el Estadio Rico Pérez (3.150 euros), entregas en metálico (60.000 euros), y dinero aportado para una empresa del hijo del exprimer edil (30.000 euros).
