«Llevamos cinco semanas sin ingresos», afirma el presidente de Anapal, quien precisa que las ganancias de las administraciones de loterías proceden de las comisiones que perciben por las ventas que realizan. La consecuencia de esta parálisis es que prácticamente el cien por cien de los establecimientos con al menos un trabajador ha tenido que presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), aunque Iborra asegura que muchos empresarios están abonando a sus empleados afectados por esta medida el 30 % de sueldo que pierden.

Pese a todo, el sector no está registrando cierres en la Comunitat Valenciana. Cosa bien distinta de lo que puede suceder cuando finalice el estado de alarma «si no se toman más medidas y la pandemia se alarga más de lo previsto». En ese caso, el 10 % de los establecimientos, aquellos que ya antes del coronavirus tenían unos ingresos muy ajustados, «lo van a tener muy complicado para levantar la persiana. Al menos, tendrán que recortar puestos de trabajo». Iborra destaca al respecto que las administraciones de loterías «suelen ser uno de los sectores que antes bajan su facturación en todas las crisis, porque los clientes reducen el gasto en estas partidas, y también los últimos en salir, por el mismo motivo». De hecho, el presidente de Anapal asegura que estos establecimientos aún no habían alcanzado al finalizar 2019 el nivel de ventas que tenían antes de la Gran Recesión iniciada en 2007.

En este sentido, sobre el sector se cierne la incertidumbre de cuál será la actitud de los consumidores cuando acabe el confinamiento, sobre todo por cuáles sean las medidas para evitar que prosiga la pandemia: «Lo nuestro es pasar por la puerta y comprar sin muchas colas», dice Iborra, quien apunta que la sociedad estatal que rige las loterías y juegos vende cada semana por valor de 120 millones, de los cuales 30 millones los ingresa el Estado. La Comunitat Valenciana representa el 10 %.