Ocho residencias de la Comunitat Valenciana con más de una decena de fallecidos, tres de ellas en la provincia de Valencia, otras tres en Alicante y dos en Castelló, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía después de que se hayan abierto diligencias preprocesales de protección civil para saber cuál es la situación real de estos centros sociosanitarios, sus necesidades, si cuentan con los medios materiales y personales apropiados para combatir el brote, así como si se está garantizando el aislamiento de los residentes contagiados.
Respecto a posibles responsabilidades penales en las residencias, la Fiscalía General del Estado informó ayer que tiene abiertas 38 diligencias de investigación penal a residencias de mayores de todo el país por la gestión de la pandemia del coronavirus. Según fuentes de la Fiscalía Provincial de València, las únicas diligencias penales que se incoaron en la Comunitat tras una denuncia por la situación de una residencia de València han sido ya archivadas.
El Ministerio Público, que recibe diariamente la información que le remite la Conselleria de Sanitat y en contacto con los centros para conocer la evolución de cada uno, ha abierto diligencias preprocesales civiles en las residencias Santa Elena de Torrent, donde se detectó el primer brote, que se ha cobrado la vida ya de 18 personas, así como en una de Campanar y otra en un municipio de la provincia de Valencia. En Castelló se encuentran bajo especial seguimiento de la Fiscalía las de Vila-real y Morella. Mientras que las tres de la provincia alicantina se encuentran en Alicante, Onil y Alcoi. Los familiares de los afectados de esta última residencia de Alcoi, donde se ha producido el mayor número de fallecidos, han creado una plataforma y no descartan emprender acciones penales cuando finalice la pandemia.
Por su parte, la fiscal coordinadora de la sección de Civil de Valencia, Ana Lanuza, quiso aclarar que estas diligencias preprocesales son más un seguimiento de los enfermos y de los trabajadores, de sus necesidades, así como del material del que disponen o que necesitan para hacer frente a la pandemia del Covid-19. Lanuza explica que la «prioridad» con esta actuación llevada a cabo en las residencias con mayor número de fallecidos confirmados por coronavirus es que los ancianos y trabajadores de este sector tan vulnerable «no se sientan abandonados».
Así, la Fiscalía está más pendiente en estas ocho residencias por si se han medicalizado, si tienen la correspondiente asistencia médica, si se está trasladando a los residentes más graves a los hospitales, o si se están haciendo los test correspondientes.
Por el momento, la sensación que tiene el Ministerio Fiscal es que Sanitat está interviniendo en las residencias y prestando una cobertura más o menos apropiada, y que se están derivando a los enfermos más graves a los hospitales correspondientes.
La cifra de fallecidos en residencias ascendió ayer a 346 muertes. De hecho, de las últimas 27 muertes 23 eran personas procedentes de centros sociosanitarios. Asimismo, se dieron 123 nuevos positivos en residentes y 54 entre los trabajadores. De las 95 residencias en las que se ha dado al menos un caso de coronavirus permanecen bajo vigilancia activa de la Conselleria de Sanitat 29, catorce de ellas en la provincia de València, ocho en Castelló y siete en Alicante.
La consellera Ana Barceló confirmó ayer que el único reagrupamiento que se ha realizado hasta la fecha ha sido el de Requena.
