La renta mínima vital que el Gobierno de España tiene previsto poner en marcha en el mes de mayo para paliar los efectos de la pobreza que en muchos hogares está ya provocando el impacto de la pandemia tendrá que coordinarse necesariamente con la política autonómica, que tiene su propia renta de inclusión.
La responsable de esta parcela y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, admitió ayer que aún desconoce los detalles de la aplicación por parte del Gobierno de la renta vital, pero que ya ha transmitido tanto al Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, que dirige José Luis Escrivá, como al de Política Social, que lidera Pablo Iglesias, la necesidad de consensuar su aplicación porque todas las autonomías cuentan con leyes de rentas de inclusión.
Oltra incluso apela a la defensa de las competencias autonómicas garantizadas en el Estatut para recordar que la renta mínima es una competencia de la Generalitat, igual que los servicios sociales y que está recogida en su artículo 15. De esta forma, la portavoz marca terreno con una cuestión que es clave de su departamento, aunque obviamente el Consell ve con buenos ojos que el Gobierno de Sánchez impulse una renta mínima que el gobierno valenciano ya tiene en marcha y cree que ambas son perfectamente compatibles.
Pero Oltra ve necesario que la propuesta que tenga que hacer el Gobierno de España por escrito esté consensuada y ya ha planteado el marco de aplicación que el Consell vería adecuado.
Pagarla a mitad cada Gobierno
La propuesta valenciana es que el Gobierno de España marque un mínimo vital (para evitar desigualdades entre ciudadanos españoles) y que el coste lo paguen al 50 por ciento el Estado y la Administración Autonómica. Todo el dinero que se sitúe por encima de ese mínimo ya será decisión autonómica en función de la sensibilidad social que tenga cada una. Sería un sistema similar al de la dependencia, pero con pagos efectivos, ya que en este momento el Estado está obligado a abonar el 50 por ciento de la Dependencia y solo alcanza el 12, algo que el Consell ya ha denunciado reiteradamente. Esa es la propuesta que la Generalitat ha enviado al Gobierno y que está a la espera de que se materialice.
Pero el Consell no tiene más datos de los planes del Gobierno de Pedro Sánchez sobre una cuestión que ha provocado cierta división en el Ejecutivo central entre los ministros de Unidas Podemos y varios del bloque socialista.
El Consell no sabe como se tramitará ni si será compatible con la renta autonómica. Pero la vicepresidenta Oltra sí ha trasladado al Ministerio de Inclusión y al de Políticas Sociales que dirige Pablo Iglesias la necesidad de que se consensúe con las autonomías.
Adaptación al salario mínimo
Mientras, ayer el Consell adaptó la renta mínima valenciana al efecto de la subida del salario mínimo en 2019 y para facilitar su tramitación rápida ante la emergencia social derivada del coronavirus.
Ello, según Oltra, ha obligado al ejecutivo a inyectar 18 millones de euros más al presupuesto de la renta valenciana de inclusión, que se ampliará la semana próxima con una cantidad aún mayor.
Respecto a las residencias y preguntada por las críticas de la patronal Aerte por impagos y cierta pasividad al no defenderlas, Oltra dijo que va a ordenar el pago de 21 millones y sobre la investigación de la Fiscalía a residencias en al menos un caso en la Comunitat Valenciana, afirmó que hablan a diario con el Ministerio Público. Entre tanto Oltra pidió comprensión, empatía y respeto al colectivo de enfermos mentales o personas con diversidad funcional que necesitan, por prescripción médica, salir a la calle y pidió a quienes les insultan, reflexión.
