La abogacía valenciana se ha revuelto contra el Gobierno y ha pedido la dimisión de la delegada en la C. Valenciana, Gloria Calero, tras denunciar «un desconocimiento total sobre sus propias competencias».

Los abogados rechazan desplazarse a comisarías o cuarteles para asistir a los detenidos y piden que se dicten las «instrucciones necesarias para que, mientras dure el estado de alarma, la asistencia letrada a los detenidos se realice por medios telefónicos o telemáticos».

Afirman que así se hace en otras comunidades autónomas «y así se está haciendo para la puesta a disposición del detenido en la mayoría de juzgados». La Delegación del Gobierno no tomará ninguna medida al respecto y ha trasladado la petición a la Conselleria de Justicia pese a que esta cuestión no está entre sus competencias, según denunció ayer la abogacía valenciana en un comunicado.

Muchos de los detenidos que son conducidos a dependencias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desde que se acordó el estado de alarma solo reciben asistencia letrada en la fase previa a través del teléfono. Esta situación se ha dado en los partidos judiciales cuyas instalaciones policiales no están preparadas para mantener las distancias de seguridad.

En estos casos no hay ningún abogado presente cuando se leen sus derechos ni reciben ningún tipo de asesoramiento previo para defenderse. La mayoría de condenas que se están imponiendo por hechos relacionados con el incumplimiento de las normas de confinamiento se dictan por conformidad, es decir, los detenidos admiten los hechos para obtener beneficios y reducir al máximo la condena.

Desde el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el órgano que aglutina a los ochos colegios de la C. Valenciana, creen que se «está poniendo en grave riesgo, gratuitamente, la salud de la abogacía valenciana y de todos aquellos que intervienen en las asistencias al detenido».

Según afirman, el Gobierno no ha atendido su petición «a pesar de la insistencia, de la cobertura legal y a pesar de la expresa recomendación de la Comisión Autonómica del Tribunal Superior de Justicia».

Para los colegios de abogados, «la delegada del Gobierno acredita su falta de idoneidad para el cargo y elude la responsabilidad exigible, pretendiendo ampararse en la Conselleria de Justicia e Interior, cuando debe conocer que esta última carece de competencias para atender su petición, siendo que corresponde a la Delegación de Gobierno todo lo relativo a las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

«Por todo esto, el consejo no puede más que solicitar la dimisión de quien está poniendo en grave riesgo, gratuitamente, la salud de la abogacía valenciana», concluyen.