Es probable que algunas de las personas que estén leyendo esto ya hayan recibido en sus casas, o conozcan a alguien que esté en esas circunstancias, la notificación de la denuncia por haber infringido las restricciones a la movilidad que impone el estado de alarma. De hecho, la Comunitat Valenciana era, al menos hace 10 días, una de las dos autonomías que lideraba el número de notificaciones a ciudadanos denunciados.

Así lo han confirmado a Levante-EMV fuentes del Ministerio del Interior, que han explicado que, en la primera semana de abril, la Comunitat Valenciana y Extremadura encabezaban el listado por número de notificaciones.

Es el único dato, ya que, por el momento, ninguna administración, ni el ministerio, ni la Delegación del Gobierno -responsable de la tramitación de estas sanciones-, ha facilitado ni en cifras porcentuales ni en absolutas cuántas de las más de 90.000 denuncias formuladas en estos 37 días de estado de alarma en las tres provincias valencianas está ya en tramitación y cuántas han sido notificadas a los infractores.

Salvo alguna excepción, la inmensa mayoría de las propuestas de sanción lo son por infracción al artículo 36.6 de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', artículo que regula la desobediencia y la resistencia a identificarse ante un agente de la autoridad.

El artículo 36 y sus 23 subapartados están considerados como falta grave, por lo que la Administración dispone de un plazo máximo de un año para resolverlas. Después, prescriben.

Hasta ahora, no solía haber problemas, dado que el volumen de expedientes sancionadores que se gestionaban anualmente era relativamente bajo. Tal como publicó ayer este diario, en 2018, por citar un ejemplo, fueron 954 multas por infracción al artículo 36.6. Si contabilizamos el total de sanciones por la ley mordaza de ese año, la cifra es de 26.005, la mayoría de ellas (20.727, es decir, un 80 %), por consumo de estupefacientes en la vía pública.

En este momento, hasta las 0.00 horas del martes, en la Comunitat Valenciana se han impuesto 92.388 denuncias por no respetar el estado de alarma, es decir, casi cuatro veces más que todas las tramitadas en ese 2018. Y en solo 37 días.

El riesgo, por tanto, de no cobrar las multas por prescripción (incluso teniendo en cuenta que muchas quedarán en papel mojado porque no han sido correctamente planteadas por los agentes) es real y elevado.

Por esa razón, la Delegación del Gobierno ya ha reforzado el número de funcionarios dedicados a tramitar estas denuncias, en un intento por evitar que la mayoría acaben siendo incobrables, aunque ese refuerzo es a todas luces insuficiente para hacer frente a la avalancha de expedientes, con sus correspondientes alegaciones.

A ello se le suma otro escollo, aunque menor que el anterior: el del retraso en las notificaciones durante las dos primeras semanas del estado de alarma. Habitualmente, como ocurre con las denuncias de Tráfico, es Correos quien lleva al domicilio la multa, esto es, quien notifica. Sin embargo, Correo suspendió esa actividad con la entrada en vigor del decreto de alarma, al entender que no se trataba de una actividad urgente, máxime cuando la propia norma contemplaba la suspensión de los plazos administrativos.

Cuando Interior se dio cuenta, el Gobierno corrigió esa disfunción y Correos resucitó la actividad, pero para entonces ya se habían acumulado varios miles de denuncias sin notificar. Hasta el punto de que en algunos puntos de España se encomendó esa tarea a la Policía Nacional y a la Guardia Civil -no en la C. Valenciana-. De todos modos, el servicio postal ya ha desatascado ese embudo, mientras que el otro, el que genera la escasez de funcionarios para hacer frente a la ingente tarea de tramitar el brutal volumen de denuncias no parece que vaya a solventarse a tiempo para llegar a traducir en euros las más de 173.000 propuestas de sanción interpuestas hasta ahora en toda España.